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El paro desbocado pone en peligro el sistema de las pensiones en España
El elevado número de parados, que según la última EPA_publicada se encuentra ya en los 5,27 millones de desempleados a cierre de 2011, nos obliga a cambiar el sistema impositivo español a fin de conservar el sistema de pensiones. Es una de las conclusiones a las que se llegó ayer durante la mesa de pensiones de elEconomista, patrocinado por Ernst & Young Abogados y Caser Seguros. “El debate sobre la viabilidad del Sistema Público”, dónde se discutió sobre cómo se debe financiar el futuro del sistema de las pensiones en nuestro país.
Es decir, el elevado paro que soportan nuestras arcas puede estar poniendo en peligro la viabilidad de nuestro sistema de pensiones. Máxime cuando, tal y como recordó el secretario de Seguridad Social y Previsión Social de CCOO, Carlos Bravo, en la actualidad las aportaciones al sistema público son el medio de vida del 19 por ciento de los españoles. Y vaticinó que esta cifra se puede acercar al 30 por ciento a partir del año 2040.
Según explicó el vicesecretario de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales de CEOE, Alberto Nadal, “no tiene sentido que el mayor impuesto recaiga sobre el factor trabajo”, una opinión que justificó al recordar que más de 5,27 millones de españoles no tienen empleo, una cifra que, alegó, seguirá creciendo “en los próximos trimestres”.
Además, recordó que en el trabajo no cualificado es donde se encuentran los mayores impuestos y es también donde precisamente se centra el desempleo. Según explicó Nadal, el problema se encuentra en que “hay un límite a los ingresos que puede obtener el Estado a través de la recaudación”. Por ello, defendió que se rebajaran las cotizaciones sociales y subir otra figura impositiva, como pudiera ser el IVA o el IRPF.
Sin embargo, Carlos Bravo no apoyó la idea de sustituir cotizaciones sociales por impuestos porque, en su opinión, supone “una transferencia de las rentas del factor trabajo a favor del beneficio empresarial” y que, además, advirtió “pagamos todos”.
De acuerdo con los cálculos de Bravo, si a un salario medio de un trabajador español, que se encuentra entre los 20.000 o 21.000 euros anuales, se le resta un punto de las cotizaciones sociales, “son 200 euros de beneficios empresariales”. Sin embargo, el representante de CEOE insistió en que “no hay diferencia entre el IRPF_y la cotización social. “No se lo lleva el empresario, es un impuesto que adquiere el Estado para hacer frente a las prestaciones públicas”, subrayó.
Sin embargo, habló de que si ese impuesto es sustituido por un impuesto de sociedades “habríamos sido circulares”, es decir, no se habría beneficiado el empresario.
Un debate en el que algunos de los asistentes quisieron intervenir para defender que una descarga de las cotizaciones que en la actualidad pagan los empresarios no va en su propio beneficio, pues la cotización “no está relacionada con el beneficio empresarial”.
En este sentido, Alberto Nadal añadió que entre las ventajas de reducir los costes a una empresa se encuentra que ésta tendría la posibilidad de que ese dinero “se destine a ganar mercado”. Por su parte, el portavoz de CiU en el Pacto de Toledo, Carles Campuzano pidió que en este asunto se “hile fino” y recordó que la reforma aprobada el pasado verano ya contemplaba esta posibilidad.
Margen al sistema privado
Por otro lado, a lo largo de la mesa redonda se tuvo la oportunidad de debatir sobre la posibilidad de establecer en nuestro país un sistema privado complementario, que, por ahora, tiene “poca dimensión”, lamentó el director del Observatorio de Pensiones de Caser, Manuel Álvarez, quien mostró inquietud por un sistema que tiene una deuda implícita que requeriría un ahorro del entorno del 8 o el 10 por ciento del PIB. De manera que “dilatar la reforma de las pensiones sería un error”. “Estamos en un tiempo crítico”, advirtió. Además, añadió que con nuestro sistema de pensiones va a ser imposible alcanzar el déficit cero a partir de 2020, salvo que se reduzca en las mayores partidas del Estado, entre las que se encuentran las pensiones.
Así, defendió que la única forma de mantener el equilibrio en las cuentas públicas españolas a partir de 2020 es dar margen a un sistema complementario público y privado equilibrado. Tal como comentó, de no impulsarlo, se corre el peligro de que haya que realizar una serie de esfuezos como incrementar los cotizaciones, reducir las prestaciones o alargar la edad de jubilación. En este sentido, recordó que a través de un sistema complementario privado se permitiría a los trabajadores retirarse antes “con cargo a su bolsillo, y no a los presupuestos”. Reconoció que en España el sistema privado todavía es “endeble”.
Una postura en la que coincidía Raúl García, socio del departamento de Laboral y Seguridad Social de Ernst & Young Abogados en Madrid, que apostó por la interconexión de un sistema público y privado.
En este sentido, Alberto Nadal explicó las diferencias de los riesgos entre un sistema privado, más diversificado, y uno público. El representante de CEOE_recomendó una gestión abierta a riesgos que no estén conectados entre sí.
La mesa de debate dio lugar a muchas matizaciones. Una de ellas llegó de la mano del representante de CCOO, Carlos Bravo, quien aseguró que en España “ya hay un sistema mixto de pensiones contributivas”.
Derecho a la información
El punto de encuentro entre los ponentes llegó cuando se habló del derecho de los cotizantes a conocer, junto a su vida laboral, la cantidad de dinero que cobrarán cuando llegue la edad de retirarse.
En este sentido, desde CCOO, Bravo defendió una información complementaria de los sistemas públicos y privados. “No debe valer que unos den información en forma de renta vitalicia y otros de capital acumulado”, remachó.
La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, lamentó que pocos ciudadanos sean titulares de los derechos que genera la Seguridad Social. En la misma línea, desde Ernst & Young Abogados, Raúl García defendió la transparencia y la información, puesto que el titular de la pensión es el individuo. De acuerdo con el socio del departamento de Laboral de la consultora, en la actualidad nuestro país adolece de falta de formación financiera individual. Por ello, espera que la decisión de que la Seguridad Social informe de la pensión a la que se tendrá derecho “nos permita abundar en una mayor formación”.
González de Frutos, explicó que la última reforma del sistema de pensiones ha agotado ya sus posibilidades de estiramiento. De hecho, aseguró que ya sólo queda la edad de la jubilación para modificar.
A este respecto, desde CCOO, Bravo ha recordado que a diferencia de otros países que han retrasado directamente la edad legal de jubilación, en España se ha establecido una horquilla entre los 65 y los 67 años.
Por otro lado, los ponentes mostraron su preocupación ante la salida masiva del país de jóvenes españoles, quienes en unos años deberán tomar la decisión de regresar o quedarse en los lugares donde han trabajado. Una decisión que dependerá en gran medida del sistema de pensiones.
Un problema que se une al conflicto demográfico que sufrimos en nuestro país.
Fuente: www.diariojuridico.com