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El Plan intensivo de tramitación de expedientes de nacionalidad consigue digitalizar 210.000 en tres meses
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha visitado hoy las instalaciones del Centro de digitalización de expedientes de nacionalidad, ubicado en la sede del Registro de la Propiedad de Madrid, con el fin de constatar el cumplimiento del Plan intensivo de tramitación que el Ministerio de Justicia puso en marcha para atajar el atraso de dos años y medio que sufrían las solicitudes de nacionalidad.
Desde el arranque de este Plan, en el marco del Convenio “Registro Civil en línea”, suscrito entre el Ministerio de Justicia y la entidad pública empresarial red.es, tras la firma el pasado 25 de junio de un convenio de encomienda de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles de España, 210.000 expedientes -de los 425.000 que había pendientes-, han podido ser digitalizados. De estos, 97.000 cuentan ya con firma electrónica y están depositados en la correspondiente base de datos, desde donde 70.000 han sido transferidos a los 1.000 registradores que tramitarán su concesión. Cada mes se registran unas 10.000 nuevas solicitudes de nacionalidad.
En el proceso de digitalización masiva de los expedientes para convertirlos en documentos electrónicos, trabajan 50 personas con discapacidad procedentes de la Empresa de Control de datos y Servicios de la Fundación ONCE (FUCODA), en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
El ministro de Justicia ha destacado “la oportunidad de inserción laboral de un capital humano y social de incalculable valor por su contribución a agilizar estos procedimientos”. Así ha reconocido que “en pocos meses, gracias al afán de superación de estos profesionales se ha conseguido una notable reducción del plazo de resolución de los expedientes y, por tanto, de la espera de aquellos ciudadanos pendientes de una respuesta de la Administración”.
Ruiz-Gallardón ha destacado la colaboración del Colegio de Registradores, de la Dirección General de la Policía –que prestó sus servicios de escolta y seguridad a todos los expedientes-, así como del CERMI, “para poner todos juntos las últimas tecnologías al servicio de la seguridad jurídica y del control de la legalidad, lo que permitirá materializar la Administración de Justicia 2.0, haciendo de la misma un servicio público que verdaderamente facilite la vida de los ciudadanos”.
Fuente: www.elderecho.com