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Empiezan los trámites parlamentarios para multar a las empresas que no paguen a sus proveedores a tiempo
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha celebrado que comience el trámite parlamentario del régimen sancionador, con el que está previsto que se multe a las empresas que no paguen a sus proveedores en los plazos que estipula la ley. Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, este hecho “es de gran trascendencia, porque cambiará la dinámica de pagos de nuestro país, acabando con esta práctica abusiva, que ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis.
Asimismo, Cañete ha querido destacar la importancia de que con su futura puesta en marcha “las empresas de todos los sectores, ya sin excepción, tendrán las mismas consecuencias ante el incumplimiento de la Ley de Morosidad, puesto que hasta el momento tan solo las compañías pertenecientes al sector del Comercio Minorista contaban con un régimen sancionador”.
La propuesta de ley fue presentada este miércoles por Convergència i Unió (CiU), tal y como había anunciado su portavoz económico en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, durante la II Cumbre de Morosidad que organizó la PMcM. En este acto, el resto de grupos parlamentarios presentes se comprometieron públicamente a apoyar esta iniciativa, en cuyo contenido se ven recogidos tanto el espíritu como las reivindicaciones que ha solicitado reiteradamente la PMcM para que la ley fuera efectiva.
En este sentido, el presidente de la PMcM ha recordado que “el régimen sancionador, que modifica la Ley 3/2004 de Lucha contra la Morosidad y tiene como objetivo fundamental normalizar los pagos entre compañías regulando un sistema de infracciones y multas, era la condición indispensable para hacer cumplir la ley pero, para ello, es necesario que los grupos parlamentarios cumplan su palabra para que la propuesta de ley de CiU prospere y, de este modo, se ponga en marcha lo antes posible el régimen sancionador”.
El régimen sancionador debe ser “realmente disuasorio”
Tras el análisis de la propuesta de CiU, Antoni Cañete se congratula de que esté en la misma línea que las históricas reivindicaciones de la PMcM. No obstante, ha detectado algún apartado que considera recomendable modificar para que este sistema sea “realmente disuasorio en los casos más extremos”. En su opinión, debe ser a través de multas ejemplarizantes, por lo que debería incrementarse el importe mínimo para las infracciones muy graves.
Otras propuestas antimorosidad de la PMcM
Ante el hecho de que determinadas compañías están comunicando a sus proveedores que si se acogen al IVA de caja no les contratarán más, para así optar por aquellos proveedores con los que pueden deducirse el IVA sin haber pagado, la PMcM propone una medida que acabaría con este abuso. Se trata de que el Gobierno invierta el sujeto pasivo para que el proveedor (en su mayoría pymes) quede exonerado del anticipo del impuesto y se ponga de manifiesto qué clientes (muchos son grandes empresas) no pagan sus facturas a tiempo.
Asimismo, la PMcM propone también otros caminos para reducir de forma efectiva la morosidad, por ejemplo, implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador que tanto éxito cosecha en Francia; que haya un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratados; y crear el Observatorio contra la Morosidad, que contempla la participación activa y explícita de la PMcM, y cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos en nuestro país.
Estudios anteriores de la PMcM
Según el último estudio de la PMcM, tras la puesta en marcha del plan de pago a proveedores (que logró saldar deudas por 27.000 millones hasta 31 de enero de 2011), los impagos de las Administraciones Públicas se volvieron a disparar en 2012, evidenciando que supuso solo un punto y seguido en la lucha contra la morosidad.
Aunque el plazo medio de pago a proveedores disminuyó en 2012 en España un 13% por parte de las Administraciones Públicas y un 5,1% por el sector privado, esta mejora se perfiló “todavía insuficiente ya que estas cifras distaron mucho de los plazos permitidos para ese año por la Ley”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Concretamente, las AA.PP. tardaron en 2012 en pagar a sus proveedores casi cuatro veces más que los 40 días que marcaba la Ley, a una media de 141, un registro inferior en 21 días al que se estimó para el año anterior (162 días). Por su parte, en 2012 el plazo medio de pago en el sector privado fue de 93 días (frente a los 75 que establecía la Ley para ese año), lo que supuso una disminución de cinco días respecto a las estimaciones efectuadas para 2011 (98 días).
Datos del estudio de la PMcM han desvelado que el 65,4% de las empresas encuestadas tuvo durante 2012 contratos o acuerdos comerciales con clientes del sector privado que les exigían plazos de pago superiores a los 75 días que establecía la Ley 15/2010 para ese año. En esta línea, Cañete recuerda que tanto la Ley española como la Directiva Europea obligan ya a las Administraciones Públicas y al sector privado a reducir sus plazos de pago a proveedores a 30 y a 60 días, respectivamente.
El informe también apunta que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 7%, lo que significó un estancamiento respecto a 2011 (7,1%). En caso de sufrir impagos, solo un cuarto de los encuestados exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, frente al casi 75% restante que nunca o casi nunca lo hicieron durante 2012. Entre las causas que apunta Cañete, podría deberse “sobre todo más al miedo que al propio desconocimiento”, basándose en que el 80,8% de los encuestados ha asegurado conocer la existencia de la Ley 15/2010, aunque bien es cierto que “no deja de sorprender que un 19,2% de las empresas aún la desconozca”.