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¿Es ilegal usar coches de Uber, Cabify o Blablacar?
Las buenas noticias financieras en torno a Uber –la compañía acaba de cerrar una ronda de financiación de 1.200 millones de dólares, que valoran la firma en 18.000 millones (lo mismo que Hertz y Avis juntas)– han quedado emponzoñadas. Su servicio, que permite solicitar vehículos de transporte en la ciudad desde el móvil, ha llevado a los taxistas de Madrid a la convocatoria de la huelga del pasado miércoles 11 de junio de 24 horas y ha provocado la irrupción del Ministerio de Fomento en la polémica sobre el conflicto entre este gremio y las nuevas empresas que ponen en contacto a particulares para compartir vehículos.
El gobierno español recordó este lunes que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres exige que las personas y empresas que realicen transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica se encuentren previamente autorizados por la Administración. Fomento advirtió, además, que las personas o empresas que realicen estos servicios sin la citada autorización incurrirán en una infracción muy grave sancionable con multas de hasta 6.000 euros (18.000 en caso de reincidencia) y que los usuarios que contraten esos servicios se enfrentan a multas de hasta 600 euros.
El Ministerio matizó su mensaje y apuntó que en el caso de que un servicio de coche compartido se realice en el ámbito de lo privado no requerirá de ninguna autorización administrativa de transporte y no se enfrentará a sanción alguna. “Hay que distinguir entre servicios públicos profesionales y un servicio privado. Esa es la clave, y eso es lo que han de comprobar los servicios de inspección”, dijo Joaquín del Moral, director general de Transporte Terrestre de Fomento.
“Si lo que comprobamos es que se está realizando una actividad profesional sin tener la autorización necesaria, se actuará en consecuencia como con cualquier tipo de servicio”, insistió. Igualmente, y respecto a las intermediaciones en el servicio, Del Moral ha añadido que “la intermediación también está regulada”, por lo que deberá cumplir del mismo modo con la normativa vigente.
La postura del departamento que dirige Ana Pastor fue rápidamente criticada por la comisaria europea de Agenda Digital, Neelie Kroes, quien aseguró que “Uber no es el enemigo de los taxistas”. Un gremio que acusa de “intrusismo” y “competencia desleal” a estas empresas de servicios de transporte. “Las huelgas no solucionan nada; es necesario dialogar. Esta innovación no va a desaparecer haciendo chantaje. Es el momento para que los taxis, reguladores y responsables de Uber se sienten a dialogar”, insistió Kroes, que ya se manifestó en este sentido cuando un tribunal de Bruselas prohibió en abril que Uber opere en la capital belga.
Impuestos y normas
La comisaria subrayó que “nadie dice que los conductores de Uber no deban pagar impuestos y seguir las normas y proteger a consumidores, pero prohibir Uber no les da la oportunidad de poder hacer las cosas bien”, explicó. Preguntado sobre las multas que las autoridades españolas han anunciado que aplicarán a los usuarios de los coches de Uber y otras plataformas similares, Ryan Heath, portavoz de Kroes, indicó en rueda de prensa que sería importante preguntarse “si se va a resolver algo multando a gente que además seguramente acaba siendo turista del país”.
El parón que fue convocado el pasado miércoles día 11 de junio por la Asociación Gremial de Auto Taxi y la Federación Profesional del Taxi, las dos asociaciones mayoritarias del sector en la capital, se une a la manifestación convocada en toda España por las organizaciones nacionales del taxi Fedetaxi, Unalt, CTE y Uniatramc. Unas protestas que también se han producido en Francia, Bélgica e Inglaterra. Precisamente, este miércoles también se esperan protestas de los taxistas de Londres. Con todo, la Comisión Europea ya ha señalado que está a favor de estas plataformas en internet, que permiten abrir mercados, y la OCU pidió ayer al Gobierno español que establezca reglas claras para que se permita y favorezca estas fórmulas de consumo colaborativo que tienen como objetivo optimizar los recursos. “No se debe poner freno a que los usuarios decidan realizar viajes y trayectos juntos y compartir los gastos como el caso de Blablacar”, insistió la organización de consumidores, que también matizó que “tampoco se puede favorecer a la creación de negocios paralelos que incumplan las normativas fiscales y de protección de los consumidores”.