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Jueces, fiscales y abogados exigen inversión en Justicia
Miembros de la Carrera Judicial, la Fiscalía y la Abogacía han criticado que la clase política siga considerando a la Justicia “la hermana pobre porque no da dinero ni votos” y han denunciado los “ataques desencadenados” contra el derecho constitucional a la justicia gratuita. “Costamos menos que Bankia”, han advertido.
En una jornada por el “Derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita y en Defensa de los Servicios Públicos”, organizada en el Colegio General de la Abogacía, los representantes de asociaciones del ámbito de la Justicia han reprobado las acciones acometidas por el Gobierno central y el Ejecutivo madrileño contra derechos “tan esenciales” como la educación, la sanidad o la justicia.
“Estamos ante recortes en materia de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que hacen entrar en crisis el Estado de bienestar y resienten el Estado de Derecho hasta un estado de sumisión”, han proclamado los profesionales, antes de expresar su oposición a la subida de tasas judiciales en segunda instancia.
El representante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Carlos García Berro, ha destacado que las tasas “obstaculizarán” el acceso de los ciudadanos a los tribunales y ha tildado de “falacia” el argumento basado en que éstas son necesarias para frenar el “abuso” a los tribunales. “Para eso, ya disponemos de la condena en costas si hay un abuso del sistema”, ha recordado.
En estos términos, ha coincidido con el coordinador de Jueces para la Democracia (JpD), Ramiro García, y el portavoz de la Asociación Libre de Abogados (ALA), Teodoro Mota, que han destacado que ningún gobernante ha ofrecido “documentos” que acrediten el grado de “abuso a la Justicia” del que hablan. “El fin es permanentemente mentir”, han dicho.
El portavoz de ALA también ha apuntado que los abogados del Turno de Oficio de la Comunidad de Madrid “llevan un año sin cobrar” y ha indicado que las medidas propuestas por el Gobierno autonómica dejará a este sector en una situación “letal”. “Ya ha habido una reducción de letrados en el orden penal”, ha precisado.
Déficit de intérpretes cualificados
Por su parte, la magistrada del Juzgado de lo Penal número 29 de Madrid, Pilar Luna, ha advertido del “problema” de los servicios de traducción e interpretación en la Administración de Justicia y de la indefensión que ello conlleva para los encausados.
Según ha señalado, los intérpretes no están a menudo “cualificados”, se sientan “separados” de los acusados y no les traducen el curso del juicio o no reciben los documentos del proceso.
“Interpretar lenguas es interpretar culturas”, ha concluido, para advertir del “complicado problema” de encontrar intérpretes profesionales en casos de lenguas extracomunitarias, entre las que ha citado el mandinga o el swahili que hablan algunos imputados.
Fuente: Europa Press