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La Junta expropiará el uso de viviendas en proceso de desahucio de familias en riesgo social
La Junta de Andalucía expropiará durante tres años el uso de viviendas en proceso de lanzamiento o desahucio de aquellas familias en riesgo de exclusión social para evitar que puedan ser desalojadas. Esta es una de las actuaciones incluidas en el decreto ley de Medidas para Asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda aprobado esta mañana por el Consejo de Gobierno. “Andalucía avanza hacia un horizonte más justo”, ha manifestado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, quien ha subrayado el carácter pionero de la iniciativa y que ha vuelto a reivindicar la petición de la plataforma contra los desahucios para que el Gobierno central apruebe la dación en pago. Cortés ha enfatizado que el decreto, que será efectivo desde que este viernes sea publicado en el BOJA, nace con el objetivo de “hacer justicia, evitar el sufrimiento de las personas y afrontar una emergencia social”. El fomento del alquiler, la autoconstrucción y atender dicha demanda social son los ejes del decreto, que se tramitará como ley en el Parlamento.
Hasta 9.000 euros puede pagar una promotora, una entidad bancaria que tenga una vivienda vacía sin alquilar. El decreto tiene la finalidad de incentivar el alquiler de casas desocupadas. Cortés ha recordado que entre 700.000 y un millón de viviendas se hallan sin uso en Andalucía, un 20% del parque inmobiliario. La medida excluye expresamente a las segundas viviendas familiares y viviendas de uso turístico recogidas como tales en la Ley de Turismo.
La Consejería de Fomento y Vivienda elaborará un plan de inspección en un plazo de un mes para analizar la situación de esos inmuebles deshabitados. Las personas con más de dos viviendas entrarán en este análisis. Se calcula que más de 246.000 personas tienen en propiedad más de dos viviendas, el 5% del total. A diferencia de bancos y entidades jurídicas propietarias de viviendas, los particulares recibirán incentivos para su puesta en alquiler.
Pero lo más llamativo de este decreto ley es la medida pionera de expropiación de uso de las viviendas en proceso de desahucio, con la que la Junta – ha recalcado Elena Cortés- la Junta pretende dar una respuesta al drama social de los desahucios, que en Andalucía suman ya 86.000 desde 2007.
El procedimiento de expropiación temporal será de aplicación a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. Entre los requisitos que se fijan para aplicar esta medida “excepcional”, destacan que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamos sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar una situación de exclusión social, acreditada por los servicios sociales de los ayuntamientos y que la hipoteca suponga más de un tercio de los ingresos familiares. En la actualidad hay 119 familias que han pedido protección a la Junta de Andalucía por su extrema situación a través de las oficinas abiertas en cada provincia para atender esta problemática.
Fuente: ideal.es