Noticias Jurídicas

10/01/2012

La nueva estructura de Justicia genera dudas en el sector

El Ministerio de Justicia se acomoda a un nuevo inquilino. La llegada de Alberto Ruíz–Gallardón como titular de la cartera de Justicia marca una nueva etapa en el Ministerio que ya ha sido protagonista de diversos titulares.

Aunque su asignación como ministro fue acogida con escepticismo por los diferentes sectores del ámbito judicial, el equipo de profesionales de los que se ha rodeado para acometer la tarea de sacar adelante la remodelación de la Justicia ha tranquilizado los ánimos e incluso motivado un moderado optimismo en el sector ante su capacidad como gestor, según diversas fuentes consultadas.

Así, el nombramiento de Fernando Román como secretario de Estado de Justicia ha sido uno de los mejor recibidos, por ser alguien que conoce bien los entresijos del mundo de la Justicia. No en vano, ha desarrollado diferentes cargos de responsabilidad tanto en el Tribunal Supremo como en el CGPJ.

Sin embargo, está por ver cómo funcionará el binomio que Román formará con Juan Bravo, el nuevo subsecretario, hasta ahora delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y con un perfil, tanto él como su equipo, de corte municipal.

Por otro lado, los últimos nombramientos también han sido bien recibidos. Ricardo Conde, director general de Relaciones con la Administración de Justicia, y Joaquín Silguero, secretario general de Modernización, han sido alabados, entre otros, por el cuerpo de secretarios judiciales, representados por Rafael Lara.

En la nueva estructura de Justicia, uno de los aspectos que resulta “extraño” para las fuentes del Ministerio consultadas es que la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, cuyo responsable aún no ha sido nombrado, dependa de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia y no directamente del secretario de Estado.

Una de las mayores incógnitas por despejar aún es el nombre del nuevo Abogado General del Estado. Una vez aclarado que la institución permanecerá en Justicia, tal y como aparece reflejado en el Real Decreto de estructura básica de los Ministerios, no hay pistas sobre el titular de este cargo.

Lo que sí ha podido saber EXPANSIÓN, según fuentes consultadas, es que se ha vetado a varios candidatos para este puesto entre los abogados del Estado. Además, existe una posición dividida en este cuerpo de funcionarios del Estado respecto a la conveniencia de estar en un ministerio u otro.

Notarios y registradores
Otra medida que ha llamado la atención en el Ministerio ha sido la dependencia de la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) de la Subsecretaría de Justicia. En este ámbito, el nombramiento del nuevo director general de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández, ha sido bien recibido por los dos colectivos afectados. Así, el decano de los registradores, Alfonso Candau, ha declarado a este periódico que “ha sido una agradable sorpresa este nombramiento”, para él como decano, “y para todos los registradores”.

Por su parte, el presidente de los notarios, Manuel López Pardiñas, ha transmitido sus felicitaciones al nuevo director general de la DGRN. López Pardiñas está “seguro de que en esta etapa la relación será tan estrecha y fructífera como ha sido siempre con la DGRN”.

El CGPJ decide hoy sobre Torres-Dulce
El CGPJ celebrará hoy a las 11 de la mañana un Pleno extraordinario para emitir su preceptivo dictamen previo al nombramiento de Eduardo Torres-Dulce como nuevo fiscal general del Estado durante los próximos cuatro años, en sustitución de Cándido Conde-Pumpido. Será el único punto del día y no se esperan sorpresas.

Todo hace prever que el fiscal general elegido por Gallardón saldrá airoso de este trámite. El Poder Judicial cumplirá así con el nuevo sistema establecido por la reforma de 2007 del Estatuto del Ministerio Público, según la cual, el nuevo fiscal general deberá contar con el dictamen favorable del CGPJ y realizar la comparecencia de idoneidad ante la Comisión de Justicia del Congreso.

Fuente: www.expansion.com

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