Noticias Jurídicas

14/12/2011

La reforma del Código Penal no reducirá los delitos económicos

La reforma del Código Penal “se ha hecho con bastante poco éxito y veremos cómo la nueva regulación, que incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no va a mejorar la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción en las empresas, principal objetivo de la reforma”.

Así lo señaló ayer Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, durante la jornada Novedades Jurídicas que afectan a la gestión de las empresas, organizada por la Cátedra Madrid Excelente, de la Consejería de Economía y Hacienda, en relación a la reforma del Código Penal -en vigor desde el 23 de diciembre del 2010-, que tipifica los delitos en los que puede incurrir una persona jurídica.

A juicio del magistrado, la inclusión de esta responsabilidad “es un paso excesivo”, dado que los fines perseguidos, no se están cumpliendo en los países donde ya se exigía. Por ello, advirtió de las “consecuencias letales que puede tener este sistema”. Explicó López que “hay que distinguir empresas de dos trabajadores, que son a su vez los directivos de la entidad, de grandes entidades de base accionarial, en la que, en su caso, un socio podría responder con su cuota por la responsabilidad imputada a la empresa por un delito cometido, por ejemplo, por un consejero delegado”. Una regulación, por tanto, que crea una “grave situación de injusticia”.

Por ello, apeló “un sistema que castigue el incumplimiento de las obligaciones de la empresa para evitar la comisión de delitos en su seno, a través de sanciones administrativas, como ocurre en Alemania, Italia o Austria”. Y es que, indicó, “la delincuencia que más se comete en el mundo empresarial es la económica -corrupción, cohecho, delitos fiscales, etc.-, para los que la pena tipo será la pena de multa”.

Falta de reglas procesales
La falta de una reforma procesal, que acompañe a la reforma sustantiva, también fue criticada por el magistrado. En su opinión, la Ley de Medidas de Agilización Procesal, aprobada el pasado mes de octubre, es “una norma de parcheo” que no favorece al objetivo perseguido por la reforma de luchar contra la corrupción.

Además, apeló a la necesidad de un Código Penal nuevo, ya que una norma que ha padecido 26 reformas es que “no marcha bien”. Un Código, dijo, en el que “se tenga en cuenta que la sociedad no es únicamente un medio que favorece la comisión de delitos, sino también un objeto de protección penal en sí mismo, dado que nuestro sistema económico se ha modulado en la libertad de mercado y de empresa”.

Finalmente, criticó que el legislador se ha equivocado a la hora de elegir los delitos en que pueden incurrir las empresas, “dejando fuera algunas actuaciones como el falseamiento de cuentas societarias e incluyendo otros que poco tienen que ver con el mundo societario”.

Por su parte, Gerardo Viada, socio de Dikei Abogados, puso el acento en que la reforma “va a cumplir un año y apenas ha tenido aplicación”. En la línea del magistrado, para Viada esta situación se debe a que hasta octubre no tuvo lugar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, destacó que la introducción de la responsabilidad penal de las empresas ha añadido inseguridad jurídica al sistema, “ya que las empresas no saben ahora mismo qué hacer o qué mecanismos de control de prevención de delitos tienen que adoptar”. Y es que, apostilló, “esta responsabilidad se ha introducido con calzador y parches”.

Política fiscal y laboral
También participó en la jornada Abelardo Delgado, socio de Garrigues que advirtió de la necesidad de abordar varias medidas laborales como la tipología y duración de los contratos laborales; el sistema indemnizatorio en caso de despido; o la negociación colectiva.

Encuanto a la política fiscal, dijo que el nuevo Gobierno deberá fijar si finalmente hay un incremento del IVA; la reestructuración del sistema financiero; la reducción a las pymes del Impuesto de Sociedades; o las cotizaciones sociales. Y vaticinó que van a aparecer nuevos impuestos: “copagos de todo tipo e impuestos sectoriales sobre la banca o las transacciones financieras”.

Fuente: www.eleconomista.es

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