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Nueve de cada diez inversores ganan las demandas sobre preferentes
En los últimos tres años, se han dictado en España más de 7.000 sentencias sobre productos financieros complejos y los tribunales han dado la razón a los clientes en el 93,5% de los casos.
Los tribunales prácticamente son unánimes al considerar que, en España, no se han comercializado correctamente muchos productos financieros, especialmente las preferentes y los swaps (permutas financieras). Un análisis de la jurisprudencia de los últimos tres años revela que, entre 2013 y 2015, se han dictado más de 7.000 sentencias sobre este aspecto y los jueces han dado la razón a nueve de cada diez pequeños ahorradores.
De media, el 93,5% de las sentencias son favorables a los clientes, según se desprende del Observatorio de la jurisprudencia de productos financieros complejos 2015. Este porcentaje se dispara hasta el 98% si se atiende sólo a los casos de preferentes vistos para sentencia en 2015.
Precisamente, ese ejercicio ha sido el más prolífico en cuento a resoluciones. El año pasado, las Audiencias Provinciales en las que se han dirimido este tipo de reclamaciones han dictado más de 4.000 sentencias, lo que supone un incremento del 130% respecto de 2014 y un 400% más que en 2013.
Estos incrementos se deben, principalmente, a los tiempos de espera que se producen desde que se interpone una demanda hasta que se resuelve. Sin embargo, los datos confirman lo que desde hace cuatro años venían defendiendo algunos jueces, mostrándose a favor de los pequeños inversores. De hecho, prácticamente la mayoría de los casos que se han juzgado hasta ahora se deben a particulares y a pymes.
Estos dos colectivos fueron los primeros en acudir a los tribunales, alegando que carecían de la preparación necesaria para haber adquirido este tipo de productos, por lo que también han sido los primeros a los que han dado la razón de forma casi unánime.
Sin embargo, este análisis “constata que la jurisprudencia es cada vez más sofisticada, porque se observa un número creciente de sentencias a favor de los inversores cada vez más cualificados, empresas que reclaman millones de euros, ayuntamientos o cooperativas”.
Ya empieza a ser habitual encontrar decisiones judiciales que consideran que haber estudiado económicas o ser director financiero de una empresa no es un argumento que defina al inversor como cualificado para adquirir este tipo de productos comercializados por las entidades.
Por otra parte, hay que señalar que estas sentencias se refieren sólo a productos financieros como las preferentes, swaps, obligaciones o estructurados, pero no incluye, por ejemplo, la batalla legal que se ha abierto sobre la OPV de Bankia, ya que se trata de un proceso diferente.
Demandas colectivas
El 21 de octubre de 2015, el Tribunal Supremo consideró que la Audiencia Provincial de Madrid había vulnerado la jurisprudencia sobre acumulación subjetiva de acciones. Aunque en España no está reconocida la figura de las demandas colectivas a imagen de la que existe en otros ordenamientos, como en Estados Unidos, sí es posible acumular las acciones de varios afectados. En esta ocasión, el Supremo devolvió a la Audiencia Provincial de Madrid los autos para que dictase una nueva sentencia sobre el fondo de la cuestión. Gracias a esta decisión, en España es posible acumular las demandas de personas físicas y jurídicas (empresas y sociedades) que habían adquirido productos financieros distintos, desde bonos hasta preferentes, pasando por swaps, siempre que la acción se dirija contra el mismo banco.
Los diferentes órganos autonómicos donde se resuelven este tipo de disputas se habían pronunciado sobre este aspecto de forma contradictoria, por lo que la decisión del TS ha servido para agilizar las reclamaciones de los pequeños inversores.
Informar y comprender
Gran parte de la jurisprudencia generada a lo largo de 2015, ya sea sobre preferentes o ‘swaps’, hace especial hincapié sobre la necesidad de informar correctamente al inversor y hacerle comprender los riesgos que corre. Según el Supremo, el banco debe incluso especificar las comisiones implícitas para que no se pague un sobreprecio.
El 11 de mayo del año pasado, la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria falló por primera vez a favor de un inversor profesional, que había perdido cerca de 1,5 millones de euros con una permuta financiera.
Posteriormente, los tribunales se han pronunciado en una línea muy similar, incluyendo al Supremo, que el 3 de febrero de este año obligó a una entidad a devolver casi 1,3 millones de euros a un inversor con conocimientos empresariales. Un día después, el TS volvió a insistir al apoyar a una empresa que había suscrito un swap de dos millones de euros, reiterando que el hecho de que el administrador de la compañía tuviera estudios de comercio no le presupone que sea un inversor experto.
Cambio de tendencia en los tribunales
En 2012, sólo el 23,5% de las sentencias de las Audiencias Provinciales era favorable a las pymes que reclamaban por haber comprado preferentes. En el caso de los particulares, este porcentaje subía hasta rozar el 45%.
En 2015, a medida que aumentaban las demandas y se iba sentando jurisprudencia, los tribunales se declaran a favor de las pequeñas y medianas empresas en el 88% de las ocasiones, mientras que para los particulares el porcentaje de éxito alcanza ya el 98,15%.
En el caso de las permutas financieras (swaps), la balanza también se inclina a favor de los inversores, pero en menor medida, sobre todo cuando se trata de pymes, ya que dos de cada diez pierden el pleito.
El Tribunal Supremo sólo se pronunció en tres ocasiones en 2012, mientras que el año pasado dictó 20 sentencias sobre este problema. Su actividad podría incrementarse en un 100% este año, ya que sólo en el primer semestre de 2016 ha emitido 24 fallos.
Sólo en 2015, las Audiencias Provinciales han dictado 4.347 sentencias sobre productos financieros, más que en los tres años anteriores juntos.
Fuente: Nueve de cada diez inversores ganan las demandas sobre preferentes