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Habrá dos años para regularizar 20.000 viviendas ilegales en Andalucía
El Consejo de Gobierno aprobó ayer la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que permitirá la regularización de entre 20.000 y 25.0000 viviendas construidas en suelo no urbanizable en esta comunidad.
¿Cuántas viviendas ilegales hay en Andalucía? Puede haber entre 300.000 y 500.000 según los cálculos de las consejerías de Medioambiente y Ordenación del Territorio y Fomento y Vivienda. Es una estimación, porque no existe ningún cálculo oficial y riguroso todavía. ¿Para qué sirve ofrecer esta cifra? Para matizar que la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) -una nueva flexibilización en esta norma que aprobó este martes el Consejo de Gobierno- podría beneficiar a menos del 5% de las viviendas ilegales de la comunidad autónoma: a entre 20.000 y 25.000.
Esto será posible después de que los dos partidos que gobiernan Andalucía (PSOE-A e IU), y cada uno a su vez responsable de las citadas consejerías, hayan pactado la modificación que llega para cubrir lo que otra anterior -el decreto 2/2012– no logró a la hora de regularizar estas construcciones porque no permitía que optaran a ello las viviendas ilegales resultado de parcelaciones urbanísticas de fincas, cosa expresamente prohibida por la LOUA y que ahora se pasará por alto de manera excepcional. ¿Qué ha cambiado para que IU, que hace 15 días votó en contra de la propuesta de resolución del PSOE-A para instar a la Junta de Andalucía a modificar la LOUA, esté ahora convencida? Básicamente que varios puntos se han matizado y que, en todo caso, la coalición de izquierdas no parece estar por la labor de romper el pacto.
El más importante de esos matices es que no contiene el principio de imprescriptibilidad para las parcelaciones urbanísticas. Inicialmente el PSOE-A proponía que la modificación incluyera también que había un plazo para que prescribiera la posibilidad de actuar contra viviendas ilegales surgidas de parcelaciones urbanísticas, cosa no prevista en la LOUA para estos casos, y sí para otras a las que a los seis años ya no se les puede meter la excavadora. Estaba recogida esa imprescriptibilidad en la modificación que comenzó a ser negociada en marzo de 2014. Aún así IU se mostró sorprendida cuando la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, la lanzó en el Debate del Estado de la Comunidad el pasado mes de septiembre, y por eso votó en contra por la “precipitación”.
Igualmente, la modificación se refiere a “edificaciones aisladas”, o sea, que no se va a dar carta de legalidad -o “regularizar”, que es como insiste en llamarlo la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio para aclarar que no es una amnistía- a promociones que cualquier empresa haya podido levantar fuera de ordenación.
Por otra parte, el decreto que tiene previsto aprobar el Consejo de Gobierno da dos años de plazo a los consistorios para que redacten el avance del planeamiento necesario para plantear qué viviendas ilegales en sus términos municipales pueden acogerse. Si no lo hacen, lo hará la Junta de Andalucía. Eso permitirá, a su vez, conocer exactamente el alcance del problema (la cifra de la que se hablaba al comienzo de este artículo). Y es que, a día de hoy, sólo hay 60 avances de planeamiento presentados de los 774 consistorios que hay en Andalucía.
Información a los compradores
Se establece también la obligación de éstos de informar a los compradores de las condiciones en las que se encuentra la propiedad que desean adquirir, para evitar por ejemplo el caso de los titulares -sobre todo extranjeros- que se han hecho con viviendas ilegales en la Costa del Sol básicamente sin saberlo.
El secretario de Organización del PSOE-A y miembro del comité de enlace entre los dos socios, Juan Cornejo, confirmaba este lunes que había consenso. “No se puede mirar a otro lado ante un asunto de este calado”, justificaba. En los mismos términos se expresaba el portavoz parlamentario de IU en declaraciones a la agencia Europa Press y mostraba la “satisfacción” de su formación porque se ofrecerá una solución “definitiva y con garantías jurídicas”.
Cierto desconcierto, sin embargo, siembran las palabras del vicepresidente de Andalucía, Diego Valderas, también de IU, quien este lunes insistía en que las viviendas ilegales fuera de ordenación “nunca podrán tener solución”, sino que se está hablando de “alegales”. Cuestión que, en todo caso, se espera que termine de concretar el Gobierno de Andalucía cuando este martes dé a conocer el nuevo decreto.