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Sin medios para perseguir a positivos por droga
La Fiscalía de Seguridad Vial ha advertido de que la campaña lanzada por la Dirección General de Tráfico (DGT) para perseguir a los conductores que den positivo a drogas no ha tenido un reflejo en un aumento de procedimientos penales por «carencia de medios materiales y personales», debido a lo caro que resultan las pruebas, y ha propuesto que sean los propios conductores quienes las paguen.
La Memoria Anual de la Fiscalía del Estado, presentada con motivo de la apertura del año judicial, reconoce el trabajo «encomiable» de la DGT por reforzar los controles de drogas, que se ha traducido en que los expedientes administrativos tramitados a conductores por positivos se haya multiplicado por 10 desde 2010, pero subraya que ese «esfuerzo no ha ido parejo con un aumento de procedimientos penales».
Así, se ha pasado de 203 expedientes administrativos tramitados por la DGT e incoados a conductores que arrojaron resultado positivo en los controles de drogas en 2010, a 740 en 2011 y finalmente a 2.155 en 2012, de los 3.472 controles realizados. Sin embargo, durante 2012 y en el ámbito de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil «sólo se han derivado a la vía penal 31, de los que 18 lo han sido por accidente, 9 por infracción y 4 en control preventivo».
«El tipo de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas ha visto constreñida su aplicación a los supuestos más graves en los que el delito de riesgo (la conducción influenciada por tales sustancias) se ha actualizado en siniestros con resultados lesivos o fallecimiento. Fuera de ellos sigue siendo norma penal de escasa incidencia», señala el Fiscal.
Causas de inaplicación
Para la Fiscalía, «las principales causas de inaplicación» es, en primer lugar, «la actual situación de crisis económica, que repercute en la carencia de medios materiales y personales, en particular en los Ayuntamientos, dificultando la adquisición de los dispositivos indiciarios necesarios para la realización de los test salivales y el hacer frente a las costosas analíticas evidenciales en laboratorios».
Como solución, la Fiscalía aboga por cambiar la ley para que el conductor que sea sorprendido drogado tenga que pagar «no sólo el importe de las pruebas de contraste solicitadas, también el coste de la práctica del test indiciario salival y de la analítica posterior de saliva cuando arrojen resultado positivo».
Además, señala que el protocolo que se utiliza para detectar síntomas bajo los efectos del alcohol «se ha revelado con el tiempo ineficaz para la acreditación de la influencia típica». Para ello, propone distinguir entre diferentes niveles de concentración (alto/medio/bajo) para las sustancias de mayor prevalencia y establecer y asociar a cada uno de ellos «un correlativo nivel de riesgo fundamentador del ejercicio de la acción penal».
Menos procedimientos incoados
En general, el fiscal destaca que por primera vez desde que se modificó el Código Penal para incluir delitos contra la seguridad vial «el número de procedimientos incoados ha disminuido sensiblemente respecto del año anterior», sobre todo debido a la reducción por delitos de conducción embriagada y sin permiso, que han caído un 12,5 y un 22,8 por ciento, respectivamente.
Para la Fiscalía, las principales causas de este descenso apuntan «a la mayor concienciación de los ciudadanos», así como a «las inevitables consecuencias de la grave crisis económica», que se reflejan en «un uso menor y más responsable del vehículo». En 2012 se han producido 364,8 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 4,5 por ciento menos respecto de 2011.
No obstante, pese a este descenso, el número de sentencias condenatorias aumentó en 2012, de 91.932 en 2011 a 97.359 en 2012. Es decir, en 2012 se redujeron el número de escritos de acusación formulados por el Ministerio Fiscal, pero aumentaron «de forma considerable» las sentencias condenatorias, hasta situarse en el 102 por cien sobre el número de escritos acusatorios, frente al 92 por cien del año anterior.
El porcentaje, superior al 100 por 100, se explica por «la sobrecarga de trabajo» que padecen los Juzgados de lo Penal, y que provoca que «un relevante número de los procedimientos en 2011 ha sido objeto de enjuiciamiento durante 2012». La cifra de sentencias condenatorias aumentó en la práctica totalidad de delitos, siendo especialmente relevante el aumento en el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas (un 8,6 por ciento), conducción temeraria (un 20 por ciento) y negativa a someterse a las pruebas (un 17,2 por ciento).
Más presos
En cuanto al número de personas que cumplen prisión, la Fiscalía advierte de «un aumento significativo de internos por delitos contra la seguridad vial», en especial por conducir sin carné o bajo los efectos del alcohol o drogas. A final de 2012 había 1.107 internos por delitos de seguridad vial, un 43,5 por ciento más que el año anterior, lo que considera «muy llamativo».
La cifra incluye tanto a los que han ido a parar a prisión sólo por delitos de seguridad vial como a los que cumplen condena además por otros delitos. Si se tiene en cuenta sólo el primer grupo, la cifra es menor, de 873, un 17,3 por ciento más que a principios de año.
Por otro lado, en 2012 aumentaron las condenas por trabajos en beneficio de la comunidad y descendieron el de penas de multas (se estima que no superan las 34.000 condenas), lo que la Fiscalía achaca a la crisis económica y las altas cuotas de desempleo generadoras de un menor nivel adquisitivo para hacer frente a sanciones penales de naturaleza pecuniaria.
Por último, la Fiscalía hace una mención especial a la evolución anual del número de accidentes con víctimas en vías urbanas e interurbanas, con una reducción del promedio de víctimas mortales de 4,1 muertos diarios en las carreteras en 2011, a 3,6 fallecidos diarios en 2012, con una cifra de víctimas mortales al nivel de 1960, considerando que el escenario de movilidad es absolutamente distinto.