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Cinco colectivos de víctimas no pagarán tasas judiciales ni abogado ni procurador
La justicia gratuita alcanzará a afectados por el terrorismo, la violencia de género, la trata de seres humanos y el maltrato infantil
Alberto Ruiz-Gallardón anunció ayer que las víctimas de la violencia de género y del maltrato infantil serán incluidas en un futuro próximo y a todos los efectos en el programa de asistencia jurídica gratuita, lo que supondrá que no solo quedarán exentas de pagar tasas por sus demandas ante los tribunales sino que tendrán derecho a abogado y procurador de oficio sin coste alguno.
El resto de los colectivos sociales que también quedaría amparado por la reforma legal de la asistencia jurídica gratuita que el Consejo de Ministros comenzará a estudiar dentro de dos semanas serán las víctimas del terrorismo, las del tráfico de seres humanos y los disminuidos psíquicos que hayan sufrido maltrato o abusos. El ministro de Justicia inicialmente citó en el Congreso por equivocación a los disminuidos físicos como otro grupo que también quedaría exento de gastos judiciales, pero esto no estará contemplado en el anteproyecto de ley que se última.
La asistencia jurídica gratuita vigente en la actualidad no contempla a colectivos sociales concretos como beneficiarios de este derecho. Las personas que logran abogado y procurador de oficio para litigar ante los tribunales o ejercer la acusación o la defensa ante los juzgados penales es por su bajo nivel de renta, en concreto, y salvo algunas excepciones, las unidades familiares con ingresos no superiores a 1.065 euros mensuales.
La reforma que prepara el Gobierno elevará la renta familiar que da derecho a la justicia gratuita a los 1.330 euros mensuales, además de admitir variaciones al alza por familia numerosa, y, por primera vez, acogerá con iguales beneficios a los citados colectivos sin reparar para ello en el nivel de renta que tengan.
El cambio legal en parte está obligado por la directiva 2012/19 del Parlamento Europeo, aprobada el pasado 25 de octubre, que reclama a los estados que cubran los gastos jurídicos de estos colectivos de víctimas ante los juzgados de lo penal. La novedad que prevé introducir Ruiz-Gallardón por iniciativa propia es extender esta justicia gratuita a las demandas ante las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa, lo que también ahorrará a los beneficiarios el pago de las tasas que deberán abonar el resto de ciudadanos en breve, después de la entrada en vigor hace una semana de la ley que impone cánones judiciales a los litigios de particulares.
Eso sí, la gratuidad de los procesos judiciales a los colectivos que protegerá la ley solo se les concederá cuando acudan a los juzgados de lo penal o litiguen ante lo civil o lo contencioso por asuntos directamente vinculados a su condición de víctimas.
Todavía sin fecha
El momento en el que la reforma de la asistencia jurídica gratuita será un hecho aún es una incógnita. Lo único que anticiparon fuentes de Justicia es que el ministro llevará el anteproyecto de ley, que ha sido negociado con los ejecutivos autonómicos, a la aprobación del Consejo de Ministros en dos semanas. Sin embargo, después deberá a ser informado por el Consejo de Estado, el Poder Judicial y otros órganos consultivos antes de que sea aprobado el proyecto definitivo y enviado al Congreso y el Senado para su tramitación, enmienda y ratificación. En cualquier caso, la espera será de varios meses.
Las asociaciones de jueces y fiscales y el PSOE señalaron que el anuncio de Gallardón no es más que «un golpe de imagen» con el que el ministro pretende hacer olvidar que va a obligar a pagar importantes cantidades a la mayor parte de los españoles por litigar ante los juzgados. En cualquier caso, y dados los meses que tardará en estar en vigor la nueva justicia gratuita, los socialistas reclamaron al ministro que apruebe de inmediato un real-decreto que exima de tasas a la víctimas de violencia de género en las causas de divorcio.
Fuente: www.laverdad.es