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El Poder Judicial pide cambios para frenar los desahucios
En pleno auge del debate sobre el fracaso de las últimas políticas para proteger al deudor hipotecario, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, se mostró a favor de reformar la Ley Hipotecaria, reconociendo que “la actual está creando una serie de disfunciones” que provoca un aumento de los desahucios.
De Rosa se pronunció en estos términos después de que el pasado 24 de octubre el Pleno del Consejo se negara a asumir y debatir el polémico inciso de un informe encargado por el propio CGPJ y redactado por varios magistrados. En él se proponían reformas de gran calado para mejorar la protección del deudor hipotecario -incluyendo la “regulación imperativa” en determinados casos de la dación en pago-, partiendo del “alarmante auge del número de ejecuciones hipotecarias” y el “importante riesgo de exclusión social para miles de familias abocadas a abandonar sus viviendas”.
Sobre este aspecto, y tras la inauguración de las XXII Jornadas de Jueces Decanos de España, el vicepresidente del Poder Judicial aseguró que la judicatura está obligada a “aplicar la ley” y que la legislación “no puede ser sustituida por las iniciativas particulares” de uno u otro juez. Además, aprovechó su comparecencia ante los medios para asegurar que las inspecciones del Consejo han constatado el aumento de los desahucios que sentencian los juzgados civiles de primera instancia, y que se basan, por tanto, en la legislación actual.
Medidas insuficientes
También desde el Ejecutivo se lanzaron ayer mensajes a favor de la mejora del marco jurídico aplicable al deudor hipotecario. La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, apuntó en una entrevista para Televisión Española que “hay que diferenciar” entre los bancos que lleven a cabo ejecuciones hipotecarias tras haber recibido ayudas del Estado y los que no han recibido dinero público, de forma que los primeros deberían dar “un tratamiento distinto” al deudor. En estos casos, habría que pasar “más por la obligatoriedad” que por los Códigos de Buenas Prácticas.
Además, Cospedal apuntó que la solución “no tiene que ver sólo con la dación en pago, sino también con la flexibilidad a la hora de las ejecuciones hipotecarias”, y se mostró partidaria de que los afectados por desahucios tengan carácter preferente para acceder a viviendas de protección oficial para alquiler o compra, una medida que aplicará , aseguró, en Castilla La-Mancha.
Por su parte, la portavoz socialista de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, abogó ayer, durante su intervención en una rueda de prensa en Mérida, por la proposición de una Ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia, una norma que pretende “cambiar la Ley”. La propuesta socialista pasa por evitar que los ciudadanos pierdan su vivienda, de forma que la dación en pago sea “una solución de última instancia”. Así, la idea es que, “acompañando a una posibilidad de sentencia judicial sobre dación de pago, garanticemos un alquiler social”.
La presión de la opinión pública también ha dado sus frutos entre las entidades bancarias: CatalunyaCaixa se comprometió ayer a estudiar un centenar de casos urgentes de personas afectadas por desahucios, después de que más de 100 miembros y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ocuparan el vestíbulo de la sede central de la entidad en Barcelona.
Fuente: www.eleconomista.es