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Hacienda libera 8.600 millones a las autonomías para que paguen atrasos
Las cuentas entre el Estado y las comunidades autónomas van a quedar clarificadas una vez que el Gobierno ha admitido que las administraciones regionales acreditan frente al Estado unos 8.600 millones de euros, de los cuales 6.200 millones corresponden a la liquidación del Ejercicio fiscal de 2010, en contraposición a las de los dos ejercicios anteriores, y otros 2.400 millones proceden de los recursos del sistema de financiación autonómica, que recibirán por primera vez.
No son, por tanto, fondos adicionales que aporte el Estado, sino una cuantificación de recursos que corresponden a las comunidades autónomas como consecuencia de la aplicación del sistema de financiación. El Gobierno debería librar los 6.200 millones procedentes de la liquidación de 2010 en el mes de julio, pero ha ofrecido a las comunidaes autónomas que lo necesiten hacerles un anticipo a cuenta antes de esa fecha.
Deuda con el Estado
Con esta medida, el Gobierno contribuye a mejorar las cifras de Contabilidad nacional de las comunidades autónomas, sin que ello suponga que aumente el déficit público, ya que se trata de un movimiento de administración a administración, que no incide en el resultado final. Estos recursos que les llegarán a las comunidades autónomas, en contra de los que sostenía el anterior Gobierno, no tienen carácter finalista, sino que pueden ser aplicados a subsanar las urgencias de tesorería de las respectivas administraciones
Por el lado de las comunidades autónomas, la deuda con el Estado se estima en 24.000 millones, correspondientes a la liquidación negativa de impuestos de los ejercicios 2008 (5.418 millones de los que ya abonaron el año pasado una parte, con lo que les quedan 4.415 millones) y 2009 (de los que queda la deuda completa de 18.739 millones de euros).
Estos 24.000 millones los reintegrarán la comunidades autónomas ( y los municipios, con los que se incurrió en un exceso de unos 5.000 millones) en diez años, conforme al acuerdo que se plasmó en el CPFF.
No renuncian a otros fondos
Los acuerdos referidos a los recursos que recibirán las comunidades autónomas no suponen, sin embargo, la renuncia de algunas de ellas a “recuperar” lo que fue motivo de litigio a propósito del Fondo de Competitividad y del Fondo de Cooperación, que en el último ejercicio supuso la presentación de demandas judiciales contra el Ejecutivo de entonces por varios gobiernos autonómicos, entre ellos, Madrid y Murcia.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no reconoció en el año 2011 compromiso sobre el libramiento de dichos fondos, a pesar de que prácticamente todas las comunidades autónomas los habían incorporado al capítulo de ingresos de sus respectivos presupuestos, con lo que el déficit que previeron en principio se amplió como consecuencia de estas diferencias.
El acuerdo del martes, sin embargo, no va a suponer la retirada de dichas demandas, ya que las comunidades que las interpusieron mantienen la expectativa de recuperar dichos fondos, que pueden elevarse en el conjunto nacional a unos 4.000 millones de euros.
Las cuantías más importantes corresponden a Cataluña, con 1.350 millones de euros (más los 950 millones de inversiones de la Adicional tercera del Estatuto) y a Madrid, con unos 1.000 millones, referidos al Fondo de Competitividad, que es el que perciben las regiones más desarrolladas. Otras comunidades como Castilla-La Mancha y Murcia reclaman cantidades de 400 millones y 211 millones de euros a cuenta del Fondo de Cooperación, que es el destinado a comunidades con niveles de renta inferiores. Las reclamaciones de la Comunidad Valenciana son de 633 millones de euros y las de Galicia, por diversos procedimiento, de 805 millones de euros.
Por otra parte, varios consejeros de Hacienda y Economía manifestaron en el CPFF su inconformidad con el sistema de financiación autonómica introducido por la LOFCA de 2009, a la que tildan de poco clara, farragosa y, en cierta manera imprevisible, con lo que entorpece el trabajo de previsión financiera a medio plazo.
El Ejecutivo no tiene en el horizonte la adopción de medidas que revisen el sistema, al menos en la primera parte de la legislatura, en la que la prioridad es el saneamiento.
Fuente: www.eleconomista.es