Entrevistas

22/08/2017

Entrevista a José Luis López Fuentes, Presidente de la Audiencia Provincial de Granada

José Luis López Fuentes, casado y padre de dos hijas, nació en Jaén en 1958. Ingresó en la carrera judicial en 1986, teniendo como primer destino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aguilar de la Frontera, en Córdoba. En 1989 se trasladó a Málaga y ha sido en la Costa del Sol donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional, donde ha estado destinado durante más de 26 años. En 2015, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le nombró presidente de la Audiencia Provincial de Granada, cargo vacante por finalización del mandato del anteriormente nombrado.

José Luis López Fuentes es un jurista de reconocida trayectoria que hace dos años asumió “con compromiso e ilusión” el cargo de presidente de la Audiencia Provincial de Granada. Entre sus objetivos, además de la modernización de la Justicia, está acabar con la dispersión de las sedes judiciales, ubicar la Audiencia frente a la Real Chancillería, y acometer el reto de crear la Sección Sexta Penal.

¿Cómo es el día a día de un presidente de la Audiencia Provincial?

El Presidente de una Audiencia Provincial ejerce dos funciones netamente diferenciadas. Una de carácter estrictamente jurisdiccional, dictando las resoluciones correspondientes a los recursos de apelación que le son repartidos, como un Magistrado más. La otra función es de índole gubernativa y de gestión, muy plural, que incluye, entre otras, la inspección de los Juzgados, de sus servicios comunes, la vigilancia del cumplimiento de las normas de reparto, la asistencia a las reuniones de la Sala de Gobierno del TSJA, la elaboración de los informes que le sean solicitados por el CGPJ o TSJA, la solución de los problemas de índole material o personal que puedan plantearse en los órganos judiciales de su ámbito, el nombramiento de Jueces Sustitutos, la presidencia de los Plenillos de Magistrados de la Audiencia, la presidencia de la Comisión Provincial de Policía Judicial, la elaboración de la Memoria anual sobre la situación de los órganos judiciales, la recepción de quejas de los ciudadanos, etc. Si además a todo ello añadimos que el presidente de la Audiencia Provincial ostenta la representación de este órgano ante las autoridades públicas locales y provinciales, y que, por tal razón, debe acudir a numerosos actos institucionales, se comprenderá fácilmente que su día a día es muy denso, apretado, pero sobre todo, apasionante.

¿Qué volumen de procedimientos manejan en la Audiencia Provincial, tanto las secciones penales como las civiles?

Las Secciones Penales ingresaron en el año 2016, en total, 3.166 procedimientos, a los que hay que añadir los 1.253 con que iniciaron el año, lo que hace un total de 4.419 asuntos. La capacidad resolutoria media de estas dos Secciones Penales de la Audiencia, durante el año 2016, se sitúa en 1.727’5 resoluciones anuales por Sección y 345’5 resoluciones anuales por Magistrado. En todo caso, una tasa de ingreso bruto anual de 4.419 asuntos, supone una desmesurada carga de trabajo, que, no obstante la notable mejora de los resultados, no puede ocultar la necesidad imperiosa de creación de la Sección Sexta Penal, reivindicación histórica de esta Audiencia Provincial. En cuanto a las secciones civiles, ingresaron durante 2016 un total de 2.206 asuntos que, sumados a los 551 pendientes, hace un total de 2.757. La entrada media de asuntos por Sección (hay tres Secciones Civiles), al situarse en 735’33, equivale a 245’11 asuntos por cada uno de los tres magistrados que integran cada una de las tres secciones, superando las previsiones que para las Secciones Civiles se establecieron en los actuales módulos de rendimiento aprobados por el CGPJ. Se ha notado en lo que llevamos de año 2017, un notable incremento de las materias relativas a cláusulas suelo.

¿Son suficientes los medios materiales y humanos con que cuentan?

En líneas generales, las herramientas de trabajo con que contamos son suficientes para desarrollar nuestro trabajo. El proceso de modernización de la Justicia ha supuesto dotar a las oficinas judiciales de novedosos y eficientes instrumentos de trabajo. En cuanto a los medios personales, preocupa de forma especial la distribución de las plantillas de funcionarios, notoriamente insuficiente en muchos órganos judiciales, especialmente en los juzgados de los pueblos. Es preciso llevar a cabo una racionalización de la plantilla funcionarial, pues es un hecho constatado que en algunos órganos judiciales sobran funcionarios y en otros faltan de forma manifiesta. En su discurso de toma de posesión, se planteó, entre otras propuestas, lograr acabar con la dispersión de las sedes judiciales y ubicar la Audiencia frente a la Real Chancillería.

¿Qué medidas se han puesto en práctica para mejorar el funcionamiento de la institución?

Desde hace muchos años se viene reivindicando la necesidad de unificación de las sedes de la Audiencia Provincial, que, de forma inexplicable y discriminatoria con respecto a las demás capitales andaluzas, se encuentran en diferentes edificios. Granada es la única capital andaluza y de las pocas de España, que no cuenta con un edificio único para la Audiencia Provincial. A su vez, la dispersión de las sedes de los órganos unipersonales acrecienta esta censurable situación, al encontrarse en la sede de Plaza Nueva 11 Juzgados de Primera Instancia, mientras que el resto de órganos unipersonales (a excepción de los Juzgados de Menores) se ubican en el edificio de La Caleta. En la reunión que celebramos el martes día 11 de julio con la recién nombrada consejera de Justicia, Rosa Aguilar, nos aseguró que la Junta de Andalucía va a acometer, con carácter prioritario, la solución de este endémico problema, proyectando la reunificación «Sería un grave error histórico desplazar ninguna Sala del TSJA a otras capitales» José Luis López Fuentes Presidente de la Audiencia Provincial de Granada José Luis López Fuentes, casado y padre de dos hijas, nació en Jaén en 1958. Ingresó en la carrera judicial en 1986, teniendo como primer destino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aguilar de la Frontera, en Córdoba. En 1989 se trasladó a Málaga y ha sido en la Costa del Sol donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional, donde ha estado destinado durante más de 26 años. En 2015, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le nombró presidente de la Audiencia Provincial de Granada, cargo vacante por finalización del mandato del anteriormente nombrado. de todos los órganos unipersonales en la sede de La Caleta y la ubicación de la Audiencia Provincial en el edificio de Plaza Nueva, lo cual puede conseguirse a finales del año 2019.

¿En qué situación se encuentran nuestros Juzgados? ¿Están colapsados los juzgados de Granada?

Desde hace años se viene reclamando el aumento de la planta judicial para los Juzgados de Primera Instancia, Mercantil, Familia y Social de Granada, sobrecargados de trabajo de forma considerable, y también se viene demandando un Juzgado más para el partido judicial de Santa Fé. La situación no es de alarma pero si de preocupación. Los tiempos de respuesta judicial están dentro de lo razonable, pero si queremos una justicia más ágil y de mejor calidad, necesitamos más Juzgados.

¿Cree que los ciudadanos acuden con demasiada facilidad a los tribunales en lugar de intentar solucionar los conflictos a través de los sistemas de arbitraje o mediación?

Soy un gran defensor del instituto de la mediación, como medio alternativo de solución de conflictos. Pero hemos de reconocer que estamos todavía en una fase primaria, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo desde las instituciones para fomentarla y facilitarla, y de las leyes que se han promulgado en algunos ámbitos, como el civil y mercantil. Falta cultura de mediación, y no solo entre los ciudadanos sino también entre los profesionales. Todos debiéramos ser conscientes de que la mediación es capaz de resolver, por la vía de la negociación y el diálogo entre las partes, lo que los Tribunales no siempre consiguen, pues una sentencia no suele dejar satisfechas a todas las partes en conflicto. Por otra parte, la descongestión de los Juzgados y el ahorro de los costes de la Administración de Justicia pasan, de forma inexorable, por la mediación. Debiera procederse por el legislador, cuanto antes, al establecimiento de una mediación obligatoria en determinadas materias, similar a la conciliación que existe en el ámbito laboral. El CGPJ aprobó la especialización de 54 juzgados para conocer de los ligios por las cláusulas suelo, siendo uno de ellos el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Granada que, como el resto, ha empezado a funcionar el pasado 1 de junio.

¿Qué datos puede ofrecernos? Y ¿Cuál es su opinión sobre la existencia de esta especialización?

En mi opinión, ha sido un error la medida acordada por el CGPJ de especializar un Juzgado por capital para conocer de asuntos relacionados con las cláusulas suelo. En Granada, según los datos estadísticos que manejamos, podemos estar rondando los 500 asuntos al mes. No hay Juzgado que pueda asumir esa carga de trabajo, por lo que los procedimientos se van a ralentizar de forma alarmante. Hubiera sido más conveniente seguir repartiendo esos asuntos entre todos los Juzgados de Primera Instancia, con lo que se conseguiría diluir el volumen de asuntos que se espera. Las empresas lo están teniendo muy difícil para ligar en los casos de cláusulas suelo. Sin embargo, no todos los juzgados están inadmitiendo sus reivindicaciones.

¿Cuál es su parecer ante el hecho de negárseles un derecho por no reunir la condición de consumidores y usuarios?

Hoy por hoy, la aplicación de la normativa de protección frente a cláusulas abusivas está vinculada a la condición de consumidor del adherente. Para poder cambiar de criterio sería necesario un cambio legislativo. El Tribunal Supremo es claro al respecto: En nuestro ordenamiento jurídico la nulidad de las cláusulas abusivas no se concibe como una técnica de protección del adherente en general, sino como una técnica de protección del adherente que tiene la condición legal de consumidor o usuario, esto es, cuando éste se ha obligado con base en cláusulas no negociadas individualmente. Para los no consumidores solo cabe el control de incorporación de la cláusula suelo al contrato, en los términos referidos en los artículos 5 y 7 de la LCGC. Nunca antes se había producido el hecho de que dos de los ocho presidentes de Audiencia en Andalucía estén casados, como ha ocurrido en su caso tras el nombramiento de su esposa como Presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga. Ostentar ambas presidencias les convierte automáticamente en miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), donde, sin embargo, existen ciertas reglas que les impiden estar juntos en sus reuniones.

¿Qué opina sobre estas restricciones?

Creo que se trata de un sistema de incompatibilidades desproporcionado y alejado de la realidad de nuestro tiempo. En la Carrera Judicial son numerosos los matrimonios o parejas de hecho entre jueces y juezas (consecuencia del progresivo acceso de las mujeres a todos los ámbitos de la vida laboral y funcionarial). Y, tratándose de cuestiones de índole estrictamente gubernativa (como son aquellas de las que conoce la Sala de Gobierno del TSJA), no jurisdiccional, no tiene sentido seguir manteniendo esa incompatibilidad. Por otra parte, una Sala de Gobierno como la de Andalucía, con 33 miembros, puede arbitrar mecanismos para evitar que coincidamos en reuniones donde, por razón del matrimonio, pueda verse comprometida nuestra imparcialidad. Granada es, según recoge el Estatuto de Andalucía en su artículo 7, capital judicial andaluza desde 1981. Sin embargo, el propio TSJA, con sede en Granada, ha tomado la decisión de crear dos nuevas secciones penales en Málaga y Sevilla, con lo que ha levantado ampollas en la ciudad granadina que ven en esta decisión una ruptura al estatus de Granada como capital judicial de Andalucía. Nos interesa mucho conocer su criterio al respecto. Mi criterio, y mi voto discrepante en la referida reunión de la Sala de Gobierno, fue tajante: Granada es la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y por ello, y salvo que concurran circunstancias excepcionales, no deben desplazarse ninguna Sala del TSJA a otras capitales. Sería un grave error histórico el que podría producirse, y a Granada se le causarían unos daños irreparables. No podemos consentir que la única Institución que está descentralizada estatutariamente, comience a desmembrarse y a descafeinarse. A nadie se le ocurriría desplazar Salas del Tribunal Supremo a otras capitales de España. Por las mismas razones, tampoco deben desplazarse las Salas del TSJA. A la Justicia también le afecta la transformación digital.

¿Cómo valora el uso de lexnet? ¿Se conseguirá el ambicioso objetivo del “papel cero”?

Valoro, como un hito en la historia de la Administración de Justicia, el proceso de modernización que se está viviendo en los últimos años, con la plena informatización de los Juzgados, el sistema de videoconferencias, el llamado Punto Neutro Judicial, la implantación del sistema de notificación Lexnet, la firma digital y la todavía incipiente implantación del expediente digital. Aun cuando todavía quedan muchos problemas por resolver, se está avanzando, ciertamente con algunas disfunciones, en la tramitación de los expedientes en forma digital.

¿Podría resaltar un valor de la Justicia que pase desapercibido para los ciudadanos del que esté especialmente orgulloso?

La Justicia es un valor muy arraigado en la conciencia ciudadana. Por ello se dice en la Constitución que la Justicia emana del pueblo. También se dice que esa Justicia se administra por Jueces y Magistrados independientes y sometidos únicamente al imperio de la Ley. A mí me gustaría destacar el trabajo serio y responsable que en España desempeñan la inmensa mayoría de esos más de 5.000 Jueces, con sus errores y sus aciertos, pero que, en líneas generales, se entregan a su profesión de forma apasionada, a veces con escasez de medios y muchas veces con una sobrecarga de trabajo excesiva. Valoremos el esfuerzo de esos funcionarios públicos que tiene encomendada la noble profesión de administrar Justicia.

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