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17/02/2017

¿Hay que pagar en todos los casos la llamada “plusvalía municipal”?

plusvalia

Autor: Luis Mochón López.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (comúnmente llamada “Plusvalía municipal”) es un impuesto que ha cobrado una viva polémica debido a la crisis inmobiliaria en la que seguimos inmersos  y al hecho de que su sistema de cálculo lleva a determinar siempre un resultado positivo a pagar.

Tradicionalmente, se ha indicado que la capacidad económica que justifica este impuesto se halla en el campo de las plusvalías inmerecidas, es decir, no debidas a la actividad de los particulares; de forma que se gravarían las ganancias de capital debidas a la acción pública, evolución natural o efectos de la coyuntura económica. Desde esta perspectiva, el impuesto –además de justificarse por gravar una capacidad económica, como exige el art. 31 de la Constitución, entronca, también, con el art. 47 de la misma norma; que indica que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Esta razón -unida a otra primordial en la imposición local, cual es la necesidad de establecer tributos de gestión sencilla y que proporcionen ingresos a Administraciones con escasa capacidad de actuación- puede explicar una normativa a todas luces injusta.

Y es que este impuesto tiene un sistema de cálculo del incremento de valor objetivo que, además, siempre determinará un resultado positivo. De modo resumido se puede sintetizar en los siguientes pasos:

  • Se toma el valor catastral del suelo del inmueble transmitido. Es un valor positivo ya fijado previamente y que se puede conocer consultando los datos catastrales (suele constar en el recibo del IBI).
  • Sobre ese valor se aplica un coeficiente que aprueba el Ayuntamiento. Esos porcentajes se escalonan en función de los años transcurridos desde la adquisición del inmueble. No se tienen en cuenta períodos inferiores al año y el período máximo que se aplica es de 20 años.
  • El resultado se multiplica por el número de años transcurridos (entre 1  y 20 años). Este resultado es lo que técnicamente se denomina base imponible. Si el sistema fuese correcto sería el incremento de valor obtenido. Evidentemente, la realidad es que es una mera ficción.
  • Sobre esa base imponible se aplica el tipo impositivo que haya aprobado el ayuntamiento.

Las deficiencias de este sistema son múltiples y de todo tipo. Así, por ejemplo, es un tributo que favorece al especulador. Si compra y vende el inmueble en un plazo inferior al año no se genera impuesto alguno, a pesar de que se haya pegado el consabido “pelotazo”.

Probablemente, lo que ha levantado más polémica es que a través de ese método objetivo y totalmente desconectado de la realidad se obtienen siempre plusvalías positivas, aunque se haya transmitido el inmueble a pérdidas.

Ante esta situación esta situación y espoleados por la realidad económica actual, los tribunales de justicia han empezado a reaccionar. Aunque no hay una doctrina unánime y única, se ha reconocido que la ausencia de incremento de valor impide que se tenga que pagar este impuesto.

Pues bien, esta doctrina debe consolidarse y no por meras razones de justicia material. Y es que, además, técnicamente es la más correcta.

Y es que para que un supuesto concreto caiga dentro del ámbito de sujeción de un impuesto es necesario que el hecho real acaecido encaje en la norma. Se trata de una actividad calificadora de los hechos que es anterior y distinta, tanto por su naturaleza como por su finalidad, a la de cuantificación de la base imponible.

En definitiva, para poder calificar un hecho como sujeto es necesario que exista un incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo cual podrá ser probado o desvirtuado por cualquier medio de prueba admitido en derecho. De ahí que sea totalmente correcta la afirmación de que ante una ausencia objetiva de plusvalía no se ha devengado el impuesto.

Por tanto, ha de afirmarse que los tribunales de justicia, cuando consideran probada la inexistencia de incremento de valor, están cumpliendo su doble mandato constitucional de hacer cumplir la Ley y también de respetar el principio de capacidad económica. Por ello resulta totalmente correcto que declararen ese concreto supuesto como no sujeto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

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