Penal

16/06/2026

Evolución del Compliance en las empresas andaluzas

El Compliance en las empresas de Andalucía ha dejado de ser una opción para convertirse en un imperativo estratégico y legal. En un tejido empresarial tan diverso como el andaluz, el cual  combina grandes corporaciones con pequeñas y medianas empresas (PYMES), la implementación del Compliance presenta retos y oportunidades únicas que definen la situación jurídica actual en nuestra comunidad.

Lo que tiene una base asentada es el pilar fundamental sobre el que se asienta el Compliance, el Artículo 31 bis de la Ley Orgánica del Código Penal. Esta norma establece que las personas jurídicas son penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su beneficio directo o indirecto.

Por ello, la clave del empresario andaluz es la exención de responsabilidad y para ello no basta con tener un «manual en el cajón»; la jurisprudencia reciente, como la STS 4357/2025 de 14 de octubre (recurso 432/2023), subraya que lo decisivo es la idoneidad y el funcionamiento real de tales medidas, evitando lo que se conoce como «paper compliance» o cumplimiento meramente formal.

Andalucía ha dado un paso adelante con la promulgación de la Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía. Esta norma no solo refuerza el control sobre el sector público, sino que impacta directamente en las empresas privadas que mantienen relaciones con la Administración. La creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y el régimen de protección a las personas denunciantes son elementos que las empresas deben integrar en sus canales éticos internos.

Actualmente, hemos podido ver avances en sectores muy expuestos como la construcción, los servicios públicos y la gestión de subvenciones,  organizaciones que han robustecido sus modelos tras encontrarse con dificultades a la hora de defenderse ante delitos corporativos, los cuales nacen de un «defecto estructural en los mecanismos de prevención». Por tanto, la responsabilidad de la empresa no es automática por el hecho del empleado, sino que nace de su propio fallo organizativo.

En el sector Medio Ambiental cuenta con una regulación específica de gran calado (Ley de Gestión Ambiental de Andalucía),  norma  que obliga a las empresas a integrar la consideración del riesgo ambiental en sus modelos de compliance. Por tanto, las industrias químicas, energéticas y de gestión de residuos en la región presentan una alta tasa de implementación de controles preventivos para mitigar riesgos de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Destaca también el sector Financiero en el que las empresas de servicios de inversión y entidades financieras en Andalucía, sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la normativa de prevención del blanqueo de capitales, son las que tradicionalmente cuentan con sistemas de cumplimiento más robustos y antiguos.

En general la conciencia empresarial de Compliance ha venido acompañada de procesos judiciales que han hecho recapacitar al empresario como con la STC 98/2024, de 3 de julio de 2024 «caso ERE», dejando  una lección fundamental para el sector privado: la gestión de fondos públicos y subvenciones exige un respeto escrupuloso a los procedimientos legalmente establecidos. El eludir controles administrativos, incluso bajo el pretexto de la agilidad, puede derivar en responsabilidades penales de extrema gravedad.

Si bien no tenemos número exacto de empresas andaluzas que dispone de un sistema de Compliance implantado, pero si consta que la tendencia es de un crecimiento acelerado en sectores que interactúan con la Administración Pública y aquellos con alto impacto ambiental. El compliance ha dejado de ser un «escudo legal» para convertirse en una ventaja competitiva y un compromiso con la ética pública. Andalucía transita desde la reactividad hacia la proactividad, comprometiéndose e invirtiendo en Compliance, comprendiendo que ello no solo es un escudo penal, sino una ventaja competitiva que genera valor y confianza en el mercado.

  Rocío Fernández Vílchez - HispaColex

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