Operaciones vinculadas: qué hacer cuando el administrador contrata su propia empresa

Que una sociedad contrate servicios o encargue obras a una empresa vinculada a uno de sus propios administradores ocurre con más frecuencia de la que imaginamos. Pero, ¿qué pasa cuando los socios empiezan a dudar de las condiciones de ese contrato? ¿Basta con demostrar esa vinculación para exigir responsabilidades o se puede reclamar el beneficio obtenido por el administrador, incluso sin probar un sobreprecio? 

En el Derecho Societario, la respuesta no es automática y exige distinguir muy bien los conceptos. Como ha recordado recientemente el Tribunal Supremo en su Sentencia 1129/2026, de 13 de julio, no es lo mismo reclamar el daño que ha sufrido la sociedad por un sobreprecio, que exigir al administrador que devuelva el beneficio que ha obtenido indebidamente.  

Y es que la Ley de Sociedades de Capital (LSC) no prohíbe por sistema que un administrador contrate con su propia empresa, pero le impone un límite infranqueable: el deber de lealtad. 

Para que una operación vinculada de este tipo sea lícita, el administrador tiene que cumplir tres pasos: comunicar el conflicto de intereses, abstenerse en la toma de decisiones y, dependiendo del calado del negocio, obtener la autorización expresa de la junta general o del órgano de administración. 

Ahora bien que la operación se haya autorizado no otorga un salvoconducto absoluto. Si el contrato resulta abusivo o se ocultó información vital a los socios, la responsabilidad sigue viva. 

El caso del Supremo: por qué no puedes improvisar en tu demanda

Para comprender la importancia de definir bien la estrategia legal, es muy ilustrativo el caso que acaba de resolver el Tribunal Supremo: 

Una sociedad dedicada al negocio de autoalmacenaje encargó trabajos de acondicionamiento a una empresa vinculada a su propio director general y administrador. La sociedad acabó demandando al administrador, reclamándole una indemnización al considerar que esa intermediación había provocado que se facturara por encima del precio de mercado.

Sin embargo, el Supremo desestimó la demanda por dos motivos letales para los intereses de la empresa:  

• Falta de prueba del daño: La prueba pericial no logró demostrar que la empresa hubiera pagado las obras por encima de su valor real de mercado. El Supremo aclara que el simple hecho de que la empresa subcontratada se lleve un margen comercial no equivale, por sí solo, a un perjuicio para la sociedad que la contrata 
• Un error en el planteamiento de la demanda: Al ver que no podía probar el daño (sobreprecio), la sociedad intentó en la última fase del proceso pedir que, al menos, el administrador devolviera el beneficio que había obtenido. El Supremo rechazó esta petición porque no se había solicitado expresamente en la demanda inicial.

Dos vías de reclamación que no deben confundirse 

En base a lo anterior, debemos recordar que ante una infracción del deber de lealtad del administrador, la sociedad dispone de dos acciones distintas que no deben confundirse: 

1. La indemnización por daños al patrimonio social: Se basa en que la sociedad ha perdido dinero. Exige probar de forma rigurosa (normalmente con un peritaje económico) que se pagó un precio superior al de mercado en condiciones comparables. Para que prospere, hay que demostrar la mala conducta del administrador, el daño efectivo y la relación directa entre ambos. 
2. La restitución del enriquecimiento injusto: Regulada en el artículo 227.2 de la LSC, permite exigir al administrador que devuelva las ganancias que haya obtenido indebidamente gracias a esa operación, incluso si la sociedad pagó un precio de mercado y no sufrió un daño patrimonial directo.

Se trata, por tanto, de dos consecuencias jurídicas distintas. La clave procesal es que ambas opciones deben quedar perfectamente fijadas desde la primera página de la demanda. Si apuestas todo a reclamar el daño y no logras probarlo, el juez no va a condenar de oficio al administrador a devolver su enriquecimiento injusto. 

¿Qué pruebas son necesarias para reclamar con garantías?

1. Documentación societaria: Actas de juntas y consejos para verificar si hubo comunicación del conflicto y autorización válida.
2. Soporte contractual: Contratos, presupuestos alternativos, facturas y flujo de pagos.
3. Prueba pericial económica: Como hemos visto, es la pieza angular. Debe comparar exhaustivamente las condiciones de la operación con las del mercado o, en su caso, aislar contablemente cuál fue el beneficio real e indebido que obtuvo el administrador.

¿Quién puede reclamar responsabilidad al administrador y en qué plazo?

La acción social de responsabilidad, regulada en los artículos 238 y siguientes LSC, tiene como finalidad proteger el patrimonio de la sociedad. Por regla general, es la propia sociedad la que debe interponerla previo acuerdo de la junta. 

No obstante, cuando la acción se fundamenta en una infracción del deber de lealtad, el artículo 239 LSC permite a los socios  que representen la participación legalmente exigida,  promoverla directamente, sin necesidad de someter previamente esta decisión a la junta. Incluso los acreedores pueden hacerlo de forma subsidiaria si se cumplen los requisitos del artículo 240 LSC.

En cuanto a los plazos, este tipo de acciones prescriben a los cuatro años (artículo 241 bis LSC), aunque el inicio de ese cómputo requiere un análisis detallado en cada caso. 

Llevémoslo a los números con un ejemplo práctico 

Para mayor entendimiento, pongamos un ejemplo práctico: Imaginemos que una sociedad contrata unas reformas por 400.000 euros con una empresa participada por su administrador. Posteriormente, se descubre que esta empresa subcontrató la obra por 350.000 euros, quedándose un margen de 50.000 euros sin aportar valor añadido. 

¿Puede reclamarse ese margen de forma automática?

La respuesta es negativa. Si los 400.000 euros eran un precio acorde al mercado, será difícil justificar un daño indemnizable por sobreprecio. Ahora bien, ello no impide que deba examinarse una posible infracción del deber de lealtad. Si el administrador hubiera  infringido su deber de lealtad, lucrándose a costa de su posición,  la demanda debe enfocarse de manera directa en exigir la restitución de ese enriquecimiento injusto, justificando cómo ese beneficio de la empresa interpuesta es jurídicamente atribuible al administrador. 

Prevenir conflictos y actuar a tiempo 

En definitiva,  la infracción del deber de lealtad, la existencia de un daño patrimonial y la obtención de un enriquecimiento injusto son cuestiones jurídicas distintas que requieren un análisis diferenciado. En HispaColex ya hemos abordado la importancia de dotar de la debida seguridad jurídica a estas operaciones societarias, por ejemplo, en nuestro artículo sobre los Préstamos de dinero a socios en sociedades de responsabilidad limitada: requisitos, acuerdos y consecuencias.

Por ello el equipo de Derecho Civil y Mercantil de HispaColex puede ayudarte a revisar la documentación societaria, identificar posibles incumplimientos del deber de lealtad y valorar las acciones de responsabilidad o restitución que resulten procedentes antes de iniciar una reclamación.

  Mercedes Rull García HispaColex

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