Artículos doctrinales

08/04/2020

Estado de la cuestión en las reclamaciones de daños en el cártel de los camiones

Artículo publicado en el nº 239 del año XXVIIII (abril 2020) de la revista Economist & Jurist

(Original remitido a la editorial Economist & Jurist el 2 de marzo, por lo que las sentencias analizadas son las dictadas hasta esa fecha)


Autor:Javier López y García de la Serrana

Presidente de la red de despachos Hispajuris. Abogado y Socio-Director de HispaColex Bufete Jurídico. Profesor Contratado Doctor de Derecho Mercantil (Acred.)


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1. Origen y situación actual de estas reclamaciones

El 19 de julio de 2016, la Comisión Europea informó de la imposición de una sanción histórica a los principales fabricantes de camiones medios y pesados, por un importe total de casi 2.930 millones de euros, por varias conductas antitrust (Asunto AT 39824 Camiones). Los hechos investigados se remontan a 17 de enero de 1997 y se extienden hasta 18 de enero de 2011, cuando la Comisión, gracias a que uno de los miembros del cártel (el fabricante MAN) delató su existencia en el marco de un programa de clemenciaque le ha evitado la sanción administrativa, comenzó a investigar la posible coordinación de los precios de esos camiones fabricados durante ese periodo, así como el acuerdo sobre el calendario para la introducción de tecnologías sobre emisiones, y la transmisión a los clientes de los costes de introducción de esas tecnologías. Además de MAN, eximida del pago de sanción, han formado parte de ese cártel los fabricantes Daimler, DAF, Volvo/Renault e Iveco. Todos ellos han reconocido los hechos en el expediente abierto por la Comisión, gracias a lo que se han beneficiado de una reducción en la sanción del 10 por 100. Por otro lado, el 27 de septiembre de 2017 la Comisión hizo pública la imposición a Scania de una sanción de algo más de 800 mil euros por la participación en este cártel: al contrario que el resto de los fabricantes, Scania ha negado su participación, recurriendo la sanción el 11 de diciembre de 2017 ante Tribunal General de la Unión Europea, apoyando su recurso en nueve motivos que pueden consultarse en el DOCE de 5 de febrero de 2018. Así pues, habrían participado en el cártel casi la totalidad de los fabricantes europeos, siendo igualmente el ámbito geográfico de dichas conductas colusorias todo el Espacio Económico.

Todo ello ha sido calificado en la Decisión como una infracción única y continuada de los artículos 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del y 53 Acuerdo EEE, que siguió un patrón similar a lo largo de todo el período de la infracción (parágrafo 73 in fine de la Decisión), de forma que si bien a partir de 2004 las conductas colusorias de algunos fabricantes tuvieron lugar entre sus sociedades filiales alemanas, tenía el mismo objeto y fueron continuación de las conductas realizadas hasta entonces por las sociedades matrices (cf. parágrafo 74).

Si bien el 19 de julio de 2016 se dio noticia de la Decisión provisional de la Comisión Europea recaída en este asunto, no se publicó en la web de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea hasta el 6 de abril de 2017, y por tanto a partir de entonces fue cuando se pudo conocer con precisión la identidad de los infractores y otros extremos de las conductas realizadas. Desde entonces  comenzó la reclamación masiva de indemnizaciones, tanto en vía extrajudicial como judicial, resultado de lo que hasta ahora contamos en España ya con unas ochentas sentencias. De ellas, algo más de treinta han sido desestimatorias, bien por falta de legitimación pasiva (por lo general, por haber demandado a la filial española y no a la entidad destinataria de la Decisión) o bien por entender prescrita la acción (mayoritariamente por interpretar que la acción prescribía al año y que el dies a quo fue el 19 de julio de 2016). Pero la mayoría de las sentencias están siendo estimatorias, variando eso sí los porcentajes en los que se fija el sobrecoste y por tanto el daño: nos podemos encontrar grupos de sentencias en las que se estima el sobrecoste y el daño en el  5 por 100, otras en el 10 por 100, y otras en el 15 por 100. En la mayoría de ellas se condena al abono de intereses desde el momento en que se pago el sobrecoste. El detalle de esta “estadística” se puede ver en las redes sociales, en la cuenta de twitter del prof. Marcos: https://twitter.com/pacomarcos

Veamos con algo más de detalle las cuestiones más controvertidas y las últimas resoluciones sobre las mismas.

2. Jurisdicción competente y competencia territorial

Las empresas que constan como infractoras en la Decisión de la Comisión Europea, son todas sociedades con domicilio fuera de España. Por ello, una de las primeras cuestiones que se han planteado es si cabe la posibilidad de reclamar judicialmente los daños ante los tribunales españoles, dado que además en la mayoría de los casos las entidades demandadas han sido las sociedades destinatarias de la Decisión. Las resoluciones que han resuelto las declinatorias se han apoyado especialmente en el criterio expuesto en la sentencia del TJUE de 21 de mayo de 2015, conforme al cual se atiende al Estado miembro en el que se advierte una vinculación más estrecha con el caso en concreto, de modo que por ejemplo que cuando la presunta venta con sobrecostes se ha realizado en una localidad concreta, a través de un distribuidor radicado en esa localidad y siendo la actora de esa localidad, esa vinculación se presenta con España, siendo los tribunales de esa localidad los que aparentemente están mejor situados para analizar, con todas las garantías posibles y de manera eficaz, las particularidades del caso, las características económicas de la operación trabada o del daño que se dice sufrido por la actora, junto con el resto de circunstancias que pueden ser relevantes examinar en este tipo de procesos (pass-on defense).

Mismo criterio que finalmente se contiene en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de julio de 2019, que declara que “El artículo 7, punto 2, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de una acción indemnizatoria de un perjuicio causado por una infracción del artículo 101 TFUE, consistente, en particular, en la celebración de acuerdos colusorios sobre fijación de precios e incrementos de precios brutos de camiones, el «lugar donde se haya producido el hecho dañoso» se refiere, en una situación como la del litigio principal, al lugar del mercado afectado por dicha infracción, a saber, el lugar donde se han falseado los precios de mercado y en el cual la víctima alega haber sufrido este perjuicio, incluso si la acción se dirige contra un participante en el cártel controvertido con el que la víctima no estableció relaciones contractuales”.

En cuanto a la competencia territorial, igualmente hay que atender a esa proximidad. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en Auto de 26 de febrero de 2019, se ha pronunciado al respecto, señalando que el lugar de realización del acto dañoso, que es el acuerdo cartelizado, puede inducir a confusión, pero no ocurre lo mismo con el lugar de producción de efectos, que es donde el demandante ve repercutido el sobreprecio, y que puede identificarse sin problemas adicionales con el lugar de adquisición del vehículo.

3. La legitimación pasiva de las filiales españolas

En cuanto a la legitimación pasiva de las filiales españolas, como ejemplo de lo mantenido por otros juzgados, cabe citar la sentencia de 23 enero 2019 del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona, en la que consideró que no cabe extender automáticamente a la filial la responsabilidad de la matriz. El Juzgado tras recordar que “la parte demandante está ejercitando una acción consecutiva, esto es, derivada única y exclusivamente de la Decisión de la CE de 19 de julio de 2016, a cuyo contenido hemos de estar”, constata que “la sociedad MERCEDES BENZ TRUCKS ESPAÑA S.L. no aparece en la Decisión de la CE como infractora o responsable de la infracción. Únicamente lo es la matriz del grupo, la sociedad alemana DAIMLER AG. De ningún otro apartado de la Decisión cabe deducir una declaración de responsabilidad o una extensión de la infracción a la sociedad española aquí demandada”, por lo que tras analizar si cabe extender en este caso, conforme al concepto de empresa (señalando que el concepto de infractor, en la aplicación privada del derecho de la competencia, debe imputarse también a una persona jurídica a la que pueda condenarse a un resarcimiento de daños, sin perjuicio de que, además de una consideración individual pueda ampliarse hacia otros entes que integran el concepto comunitario de empresa, como unidad económica de decisión), concluye que en este caso “no se extiende a la filial aquí demandada la responsabilidad declarada en la decisión administrativa sólo para la matriz”, sin que ello comprometa el derecho al pleno resarcimiento, ni el principio de efectividad, al haber podido demandar en España a las sociedades infractoras.

En otros casos sin embargo sí se ha estimado la legitimación pasiva de una filial española pese a no figurar en la Decisión. Así, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia, en sentencia 20 febrero 2019, ha sostenido “la legitimación pasiva de MAN España para soportar el ejercicio de una acción follow on basada en el contenido de la Decisión de la Comisión Europea de 19/7/16 puede fundarse en el principio de vinculación a su contenido, los conceptos de unidad y continuidad económica propios del derecho de la competencia como categoría de superación de los cánones clásicos de responsabilidad personal, las características de la infracción constatada y de la configuración societaria de MAN España, la evolución de la noción de grupo de sociedades en la interpretación jurisprudencial más reciente y las posibilidades de imputación objetiva en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual”, añadiendo entre otros elaborados argumentos que “lo relevante es que aquí puede advertirse la presencia de una unidad económica con incidencia en la comisión de la infracción que motiva la interposición de la demanda, según las posibilidades advertidas por la doctrina del TJUE. La legitimación pasiva de una empresa matriz respecto de las conductas imputadas a su filial se basa en una interpretación asequible del art. 1903 CC. (…) Pero también es posible recorrer un camino inverso, de la matriz a la filial, cuando la empresa filial ha intervenido como un mero instrumento del que se ha servido la matriz para trasladar al mercado los efectos distorsionadores de la libre competencia que fundamentan el reproche público de esa conducta, inherentes a los acuerdos anticompetitivos que ha concertado con otros, con o sin una declaración nominal de sus empresas filiales como infractoras a efectos de la sanción pública de esa conducta, pudiendo tal carácter apreciarse en el contexto del ejercicio de una acción follow on. Nada de eso supone desconocer o deformar el efecto vinculante de lo resuelto por la autoridad de competencia, ni diluir los presupuestos de responsabilidad propios del régimen que se actúa”.

Finalmente, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante Auto de 24 de octubre de 2019, a propósito de un asunto en el que se dilucidaba la responsabilidad de una filial española (Mercedes Benz Trucks España, S.L.), acordó elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestión prejudicial, que se concreta en las siguientes preguntas: A) ¿Justifica la doctrina de la unidad económica que emana de la doctrina del propio Tribunal Europeo la extensión de la responsabilidad de la matriz a la filial o bien tal doctrina solo es de aplicación para extender la responsabilidad de las filiales a la matriz? B) ¿La extensión del concepto de unidad económica debe hacerse en el ámbito de las relaciones intra grupo exclusivamente atendiendo a factores de control o puede fundarse también en otros criterios, entre ellos que la filial se haya podido beneficiar de los actos de infracción? C) Caso de admitirse la posibilidad de extensión de la responsabilidad de la matriz a la filial, ¿cuáles serían los requisitos que la harían posible? D) Caso de que la respuesta a las preguntas anteriores sea favorable a aceptar la extensión de la responsabilidad a las filiales por actos de las matrices, ¿resultaría compatible con esa doctrina comunitaria una norma nacional como el art. 61.2 de la Ley de Defensa de la Competencia que únicamente contempla la posibilidad de extender la responsabilidad de la filial a la matriz y siempre que exista una situación de control de la matriz sobre la filial?. Y acordó la suspensión del plazo para dictar sentencia en ese caso en tanto no se pronuncie el Tribunal de Justicia. Entendemos que el planteamiento de esa cuestión sólo debe producir efectos suspensivos respecto de otros similares, pero no para las demandas en las que únicamente se ha demandado a entidades destinatarias de la Decisión.

4. El plazo de prescripción y el dies a quo

El plazo para el ejercicio de las acciones de daños sufridos como consecuencia de las infracciones del Derecho de la competencia, que conforme tiene declarado el TJUE son de naturaleza extracontractual, se fija en la Directiva de Daños y en la reformada Ley de Defensa de la Competencia en cinco años. No obstante, en el asunto Cártel de los Camiones y respecto de los infractores para los que la acción nació antes de la reforma legal (todos, salvo Scania) surge la duda acerca de si se ha regir por el régimen de prescripción anterior, esto es, por el plazo de un año previsto en el art. 1968 C.c., o por el plazo de cinco años resultante de la transposición, por resultar aquel plazo de un año insuficiente para respetar el principio de efectividad, por lo que de acuerdo al principio de interpretación conforme, resultaría aplicable el plazo quinquenal previsto en la Directiva.

Así, al amparo de lo declarado por el TJUE en sentencia de 28 de marzo de 2019, tanto el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona en sentencia de 12 de septiembre de 2019, como el Juzgado de lo mercantil de León en sentencia de 2 septiembre de 2019, por citar algunas, han advertido que la norma nacional aplicable en materia de prescripción no puede ser contraria al principio de efectividad, como puede interpretarse que lo es un plazo de prescripción de un año. Todo ello teniendo en cuenta, además, el principio de interpretación conforme desarrollado por la jurisprudencia del TJUE y las reglas de interpretación de la norma vigente, como es la interpretación finalista de la norma.

Y es que en efecto, el  TJUE (sentencia de 28 de marzo de 2019) ha señalado “deben tenerse en cuenta las circunstancias particulares de los asuntos comprendidos en el ámbito del Derecho de la competencia y, más en concreto, que el ejercicio de las acciones por daños por infracción del Derecho de la competencia de la Unión exigen, en principio, que se realice un análisis fáctico y económico complejo”, por lo que “En estas circunstancias, debe señalarse que una norma nacional que fija la fecha a partir de la cual se inicia el plazo de prescripción, la duración y las modalidades de la suspensión o de la interrupción de este debe adaptarse a las particularidades del Derecho de la competencia y a los objetivos de la aplicación de las normas de este Derecho por las personas afectadas, a fin de no socavar la plena efectividad del artículo 102 TFUE”, de modo que “la duración del plazo de prescripción no puede ser tan corta que, junto con las demás reglas de prescripción, haga prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho a reclamar el resarcimiento”.

En cuanto al dies a quo, conforme al criterio jurisprudencial de la actio nata el plazo de un año debe comenzar a computar “desde que lo supo el agraviado”, esto es, conforme viene declarando el Tribunal Supremo, desde que se tiene conocimiento de la lesión y se tiene la posibilidad de ejercer la acción, algo que en nuestro caso no se pudo hacer hasta el 6 de abril de 2017, fecha en que se publicó la Decisión provisional de la Comisión Europea, porque a la vista de la Nota informativa de 19 de julio de 2016, hasta abril de 2017 ni siquiera se conocía la identidad de los infractores.

Así lo vienen entendiendo la mayoría de los juzgados. A título de ejemplo, tanto el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia (sentencia 23 de abril de 2019) como el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona, en Sentencias de 23 enero y 12 de septiembre de 2019, han declarado que “la fecha de publicación de la resolución de la Comisión interviene como dies a quo o de inicio del cómputo del plazo anual de prescripción, pues se considera que únicamente a partir de ese momento la actora pudo tener conocimiento razonable de la existencia de infracción, de sus autores, objeto, circunstancias y de su presumible extensión, con asunción estimativa del daño sufrido a resultas de la conducta que allí se apreció como ilícita. Y la fecha de interposición de la demanda interviene como dies ad quem o de finalización del cómputo del plazo de prescripción siendo que, en el caso, eso tuvo lugar antes de la expiración del plazo de un año computado, a su vez, desde la fecha de interrupción anterior”. Esta interpretación coincide con la acogida por el TJUE en la citada sentencia de 28 de marzo de 2019, en la que entre otras cuestiones resuelve que en atención al principio de efectividad, la normativa comunitaria se opone a una norma nacional que establece que el plazo de prescripción de las acciones por daños empieza a correr a partir de la fecha en la que la persona perjudicada tuvo conocimiento de su derecho a indemnización, aun cuando no se conociese el responsable de la infracción.

5. Los sobrecostes reconocidos

Como decíamos, el sobrecoste reconocido en las sentencias estimatorias viene oscilado mayoritariamente entre el 5 por 100 y el 15 por 100. No coinciden con las cantidades reclamadas, sino que los tribunales están haciendo uso de la facultad de estimación o cálculo, con esos porcentajes sobre el importe de compra. Sirva de muestra las recogidas por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª) en su sentencia de 16 de diciembre de 2019: “La cuestión relativa a la cuantificación del daño en las resoluciones dictadas en la instancia (publicadas en la base de datos del CENDOJ) ofrece un abanico de posibilidades entre el 5% y el 20,70% postulado por el actor. Así, los Juzgados de lo Mercantil 1 a 3 de Valencia y Mercantil (PI 4) de Jaén (Sentencia, entre otras, de 20 de septiembre de 2019) se han situado en el punto más bajo de la horquilla (5 %, con sustento en los argumentos que, de forma resumida, se contienen en la sentencia apelada que asume el criterio del Juzgado de lo Mercantil 3), y en el más alto del 15% se coloca el Juzgado de lo Mercantil 1 de Bilbao (Sentencia de 3 de abril de 2019). En la franja intermedia: el Juzgado de lo Mercantil 7 de Barcelona (10%, en Sentencia de 12 de septiembre de 2019) y los de León y de Mercantil 1 de Pontevedra (9%, en Sentencias de 2 de septiembre y 16 de octubre de 2019)”.

Mención aparte requiere la reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Toledo de 27 de febrero, que estima íntegramente la demanda de Sánchez Garrido Abogados (Socio de Hispajuris en Toledo) contra IVECO, declarando un sobreprecio del 25,17%, con obligación de su indemnización, pago de los intereses desde la fecha de adquisición del camión y condena en costas, con lo que se convierte el mayor porcentaje logrado hasta la fecha en España por indemnización en el “cartel de camiones” (a continuación de este articulo puede accederse al modelo de demanda usado por Hispajuris Abogados en el procedimiento judicial en el que se dictó ésta extraordinaria sentencia).

6. Los intereses

Acerca de los intereses, que menciona expresamente la Directiva de Daños, habida cuenta el tiempo transcurrido no son un asunto menor. La Guía práctica sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del TFUE, elaborada por la Comisión, de 10 de junio de 2013, destaca que el Tribunal de Justicia ha resaltado que la reparación íntegra del perjuicio sufrido debe incluir la reparación de los efectos adversos ocasionados por el lapso de tiempo transcurrido desde que se produjo el perjuicio causado por la infracción. Entre las muchas sentencias que lo estiman, podemos citar la Sentencia nº 353/2019, del JPI nº 6 de Logroño, de 2 de septiembre de 2019, en la que se declara que “las normas nacionales en relación con el art. 1902 CC, es decir, los arts. 1101 y 1108 CC, deben ser interpretadas en el sentido de que la indemnización que se reconoce a la parte actora merece devengar el interés legal computado desde el momento en que sufrió el daño, es decir, desde el momento de compra de los camiones señalados”.



Modelo de demanda en ejercicio de acción de resarcimiento de daños ocasionados por infracción del artículo 101 TFUE referida al cártel de camiones

(Este ha sido el modelo de demanda usado por Hispajuris Abogados para lograr el mayor porcentaje estimado en España hasta la fecha por indemnización en el “cartel de camiones“, concedido en la sentencia del juzgado de lo mercantil de Toledo de 27 de febrero 2020, declarando un sobreprecio del 25,17%, con obligación de su indemnización, pago de los intereses desde la fecha de adquisición del camión y condena en costas.)


AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE __

D/Dª_____ Procurador/a de los Tribunales, actuando en nombre y representación de la mercantil XXX, con C.I.F. XXX, y con domicilio en XXX, cuya representación acredito con la copia de la escritura de poder que acompaño, bajo la dirección del letrado/a D/Dª_____ cdo/a.___ perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de ____, ante el Juzgado comparezco, y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Mediante el presente escrito, siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, formulo Demanda de Juicio Ordinario en ejercicio de acción de resarcimiento de daños ocasionados por infracción del artículo 101 TFUE, contra _____, con domicilio en _____________, fundamentando dicha pretensión en los siguientes:

HECHOS

Primero.- Conducta ilícita y culpable realizada por la demandada

En la Decisión provisional de la Comisión Europea recaída en el Asunto AT 39824 Camiones, de 19 de julio de 2016 (en adelante, la Decisión) y publicada en la web de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea con fecha 6 de abril de 2017, consta acreditado que varias sociedades fabricantes de camiones (de las marcas MAN, Daimler, DAF, Volvo/Renault e Iveco), entre ella la demandada, integraron un cártel en el que se cometieron una serie de conductas colusorias que se sintetizan en su parágrafo 2.

En dicha Decisión, se constatan prácticas y acuerdos colusorios sobre tres extremos:

  1. Acuerdos y prácticas concertadas para la coordinación de los precios brutos de los camiones medios (6 a 16 toneladas) y pesados (más de 16 toneladas), tanto camiones fijos como cabezas tractoras, mediante intercambio de listas de precios brutos, y mediante intercambio de los datos de los configuradores de venta de los camiones.
  2. Acuerdo sobre el calendario a seguir para la introducción de tecnologías para cumplir con la normativa europea sobre emisiones (normas EURO 3 a 6).
  3. Acuerdo para la transmisión a los clientes de los costes de introducción de las tecnologías sobre emisiones exigidas por la normativa europea mencionada.

El ámbito geográfico de dichas conductas colusorias ha sido todo el Espacio Económico Europeo (parágrafo 61 de la Decisión), y se mantuvo desde el 17 de enero de 1997 al 18 de enero de 2011, fecha en que comenzaron las inspecciones; salvo en el caso de MAN, cuya participación finalizó el 20 de septiembre de 2010, cuando presentó solicitud de dispensa (parágrafos 62, 63, 89 y 90 de la Decisión). Todo ello ha sido calificado por la Decisión como una infracción única y continuada de los artículos 101 TFUE y 53 Acuerdo EEE, que siguió un patrón similar a lo largo de todo el período de la infracción (parágrafo 73 in fine), de forma que si bien a partir de 2004 las conductas colusorias de algunos fabricantes tuvieron lugar entre sus sociedades filiales alemanas, tenía el mismo objeto y fueron continuación de las conductas realizadas hasta entonces por las sociedades matrices (cf. parágrafo 74).

El comportamiento antitrust de las infractoras se describe con detalle en los parágrafos 49 a 60 de la Decisión:

1º. El intercambio de información estratégica sobre los precios brutos de los camiones, no tenía un objetivo procompetitivo, sino que en su parágrafo 71 se viene a declarar que el objetivo de estas conductas colusorias era coordinar los precios brutos y la introducción de ciertas normas sobre emisiones con el fin de eliminar incertidumbre sobre el comportamiento de los fabricantes destinatarios de la Decisión y en última instancia la reacción de los clientes, de forma que las prácticas colusorias tenían un solo objetivo económico: la distorsión de la fijación de precios independiente y el normal desenvolvimiento de los precios de los camiones en el EEE..

De forma clara, en el parágrafo 50 se indica que “Estos acuerdos colusorios incluían acuerdos y/o prácticas concertadas sobre la fijación de precios y los aumentos de precios brutos con el fin de alinear los precios brutos en el EEE”. Igualmente clarificador es lo declarado en su parágrafo 81, en el que se viene a reiterar que la conducta antritrust descrita en los parágrafos (49) a (60) tiene por objeto restringir la competencia en el mercado en el EEE, caracterizándose dicha conducta por una coordinación entre los fabricantes Destinatarios de la Decisión, que eran competidores, sobre los precios brutos, y la forma y momento de introducción de las tecnologías para cumplir con las nuevas normas sobre emisión, así como el intercambio de otra información comercialmente sensible, como los pedidos y tiempos de entrega, concluyendo que las diversas prácticas y acuerdos adoptados por los fabricantes Destinatarios tenían por finalidad restringir la competencia de precios en el sentido del artículo 101, apartado 1, del TFUE y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE.

 Y se declara la infracción respecto de las sociedades demandadas, junto a otras que no son objeto de demanda, dado que si bien todas ellas tienen una responsabilidad solidaria según se expondrá en los fundamentos jurídicos, mi mandante ha optado por interponer demanda contra la sociedad fabricante del vehículo que adquirió, según se relacionan en la Decisión refiriéndose como se indica a continuación a varias sociedades del grupo entre las que se encuentra la demandada.

Como se expondrá en los Fundamentos de Derecho, la Decisión de la Comisión produce un “efecto vinculante” para el órgano jurisdiccional nacional, en cuanto a la admisión de la existencia de una conducta prohibida, aunque no respecto a la acreditación de los daños sufridos ni a la relación de causalidad entre éstos y aquella conducta. De otro lado, interesa subrayar que a mayor abundamiento, en la Decisión consta el reconocimiento claro e inequívoco de los hechos realizado por los destinatarios (parágrafos 64 y 94). Las sociedades vinculadas a MAN se han podido acoger a la dispensa del pago de las multas al revelar su participación en el cártel y ser la primera empresa en facilitar la información y elementos de prueba que se enumeran en el apartado 8 de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel, de 2006. Y el resto de las sociedades infractoras, igualmente han revelado su participación en el cártel, y además han facilitado a la Comisión elementos de prueba de la infracción que han aportado un valor añadido significativo con respecto a los elementos de prueba de que ya disponía la Comisión, gracias a lo cual han visto reducida la sanción impuesta, de conformidad con lo previsto en la citada Comunicación.

Por otra parte, al tratarse de unas conductas que revelan, por su propia naturaleza, un grado de nocividad para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia suficiente para que no proceda el examen de sus efectos («restricción por el objeto»), ello no significa que tales efectos no se hayan producido, como se expone seguidamente.

Se adjunta como Documento nº 1 de la presente demanda la Decisión provisional de la Comisión Europea recaída en el Asunto AT 39824 Camiones, de fecha 19 de julio de 2016, en su versión en lengua inglesa; y como Documento nº 2, el resumen de dicha decisión en español.

Segundo.- Incremento de los precios de los vehículos objeto del cártel durante su vigencia, y sobrecoste pagado por la parte actora

 Como se ha indicado, la Decisión constata la existencia de un ilícito concurrencial consistente, entre otras conductas, en la coordinación de los Destinatarios sobre los precios brutos de ciertos vehículos, sin necesidad –ni posibilidad dado el carácter subsidiario de los ilícitos «por sus efectos»- de constatar los efectos concretos de dicha conducta, al tratarse de una de las conductas más nocivas para la libre competencia, cuyo exponente máximo es justamente la lucha por ofrecer precios menores que la competencia. Pero ello no significa que tales efectos no se hayan producido.

Basta observar que estamos ante un cártel cuya duración ha sido de casi catorce años, para deducir que los infractores han venido consiguiendo su propósito, que -al tener el cártel por objeto la fijación de precios brutos- es más que evidente que no era que los precios de los camiones fueran fijados libremente en lícita competencia, sino todo lo contrario, lo que por su propia naturaleza supone que los efectos hayan consistido en un sobreprecio en los vehículos. Resulta significativo que en el estudio que se menciona en la Guía práctica sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del TFUE, elaborada por la Comisión, de 10 de junio de 2013 (en adelante, la Guía), se concluya “que en el 93 % de todos los asuntos de cártel examinados, los cárteles ocasionan costes excesivos” (parágrafo 142), y que “El coste excesivo medio observado en estos cárteles es de aproximadamente el 20 %” (parágrafo 143). También se indica que “los tribunales nacionales, basándose en este conocimiento empírico, han declarado que es probable que, por regla general, los cárteles den lugar a costes excesivos y que cuánto más duradero y sostenible ha sido un cártel, más difícil le resultaría a un demandado alegar que no había habido un impacto negativo sobre los precios en un caso concreto” (parágrafo 145).

Por tal razón, como se expondrá en los Fundamentos de Derecho, una vez que se ha acreditado la existencia de un cártel que tenía por objeto restringir la competencia respecto a los precios, y en nuestro caso tal cártel ha persistido nada menos que catorce años, es evidente que ello ha supuesto la existencia de un sobrecoste o coste excesivo en el precio de los vehículos, lo que entraña la existencia de un daño para los adquirentes de los mismos. Así lo vino a declarar nuestro Tribunal Supremo en sentencia de 7 de noviembre de 2013, en la que afirmó que en estos casos ha de partirse del daño que supone el pago de un precio superior al que debiera haber resultado del juego de la libre competencia; y así lo han recogido en forma de presunción el legislador comunitario (art.17.2 Directiva 2014/104/UE: “Se presumirá que las infracciones de cárteles causan daños y perjuicios. Al infractor le asistirá el derecho a rebatir esa presunción”) y siguiendo a éste el estatal (art. 76.3 LDC: “Se presumirá que las infracciones calificadas como cártel causan daños y perjuicios, salvo prueba en contrario”).

En el informe pericial adjunto como Documento nº 3, se concluye que existe un sobrecoste general estimado del ___ %.

Tercero.- Daños sufridos por la actora: el sobrecoste o coste excesivo sufrido en la adquisición de vehículos

En las fechas que se indican a continuación, mi mandante adquirió los siguientes vehículos:___

Como puede comprobarse a través de la documentación aportada, son el mismo tipo de vehículos (marca, tara y año de primera matriculación) sobre los que ha quedado acreditada la existencia de un cártel que tenía por objeto restringir la competencia de precios.

Se adjuntan como Documentos nº 4 a 6, Factura de compra, Ficha Técnica y Permiso de Circulación.

La existencia y cuantía de los daños sufridos se acredita en el informe pericial adjunto, elaborado conforme a los criterios previstos en los textos comunitarios (art. 17.1 Directiva 2014/104/UE y la Guía práctica), en el Estudio realizado por RBB Economics/Cuatrecasas, Goncalves Pereira sobre la repercusión de costes, para la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, y conforme a los criterios admitidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que exige que parta de una hipótesis razonable y esté técnicamente fundado sobre datos contrastables y no erróneos. De acuerdo a dicho informe, a cuyo contenido nos remitimos, se calcula el probable porcentaje del incremento de coste, resultando el siguiente sobrecoste o coste excesivo sufrido por la actora para cada vehículo:____

Cuarto.- Responsabilidad de la demandada: relación de causalidad entre los daños expuestos y la conducta ilícita

El Tribunal de Justicia CE/UE tiene declarado que puesto que no existen normas a nivel de la Unión Europea sobre la relación de causalidad entre los daños derivados de conductas anticompetitivas y éstas, corresponde al Derecho nacional regular las modalidades de aplicación del concepto de «relación de causalidad», siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad, esto es -respecto al segundo- siempre que las acciones por daños se conciban y apliquen de forma que no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho al pleno resarcimiento por los daños y perjuicios, ocasionados por una infracción del Derecho de la competencia.

 A la necesidad de interpretar el concepto de «relación de causalidad» de forma que no se haga prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho al pleno resarcimiento, debe añadirse que sin duda existe un grado de certeza razonable acerca de que, habida cuenta la relación mercantil existente entre los fabricantes de vehículos y el siguiente eslabón de la cadena de suministro (en su caso, importadores integrados en el grupo del fabricante, o los concesionarios), no es creíble que los fabricantes de camiones no han creado y mantenido durante casi catorce años un cártel para que los costes excesivos los soporten sus propias filiales importadoras, en su caso, o los concesionarios encargados de la distribución de los camiones, sino que el cártel se constituyó con el objetivo de que el sobrecoste lo abonaran los compradores finales de los vehículos.

Quinto.- Daños sufridos por la actora: los intereses devengados desde que se produjo el perjuicio causado por la infracción antitrust

Como se recordará en los Fundamentos de Derecho, el TJUE viene declarando que la reparación íntegra del perjuicio sufrido por una conducta antritrust debe incluir la reparación de los efectos adversos ocasionados por el lapso de tiempo transcurrido desde que se produjo el perjuicio causado por la infracción. Los intereses devengados por las cantidades pagadas en exceso, como es nuestro caso, es uno de los conceptos recogidos en la Directiva de Daños (art. 3.2 Directiva 2014/104/UE) para verificar el pleno resarcimiento de la persona que ha sufrido un perjuicio por una infracción del Derecho de la competencia, para reponerlo a la situación en la que habría estado de no haberse cometido aquella infracción.

Para hacer efectivo el derecho al pleno resarcimiento de la actora, en la presente demanda se reclaman los intereses legales devengados desde el momento en que se materializó el perjuicio en cada caso, consistente en los sobrecostes pagados a causa de un precio artificialmente elevado.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Competencia judicial internacional y competencia territorial. El conocimiento de la presente demanda está atribuida a los tribunales españoles, por aplicación de las normas de jurisdicción especial contenidas en el artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento Bruselas I refundición; RB I bis).

El lugar donde se ha producido el hecho dañoso (en nuestro caso, España), no necesariamente coincide con el lugar donde se ha producido el hecho generador del daño. Como precisa el artículo 4.1 del Reglamento (CE) n°  864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II): “la ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión”.

En el mismo sentido, si bien referido al precedente Reglamento nº 44/2001 (artículo 5, punto 3), resulta de especial interés lo declarado por el TJUE en sentencia de 21 de mayo de 2015, por tener por objeto una cuestión prejudicial relativa a la competencia judicial internacional en un caso en el que se reclamaba judicialmente una indemnización a demandados domiciliados en diferentes Estados miembros a causa de una infracción única y continuada del artículo 101  TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE. En el mismo sentido, más recientemente y ya respecto al cártel objeto de esta demanda, de nuevo el TJUE ha reiterado el criterio expuesto en Sentencia de 29 de julio de 2019 (C-451/2018).

En cuanto a la competencia territorial, igualmente hay que atender a esa proximidad. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en Auto de 26 de febrero de 2019, se ha pronunciado al respecto, declarando que el lugar de realización del acto dañoso, que es el acuerdo cartelizado, puede inducir a confusión, pero no ocurre lo mismo con el lugar de producción de efectos, que es donde el demandante ve repercutido el sobreprecio, y que puede identificarse sin problemas adicionales con el lugar de adquisición del vehículo, así como que este fuero ha de completarsecon la previsión del 53.2 LEC, de tal suerte que, si la demanda pudiera corresponder a los jueces de más de un lugar, el demandante podrá optar por cualquiera de ellos.

Por todo lo anterior, es competente la jurisdicción española y el Juzgado al que me dirijo, al tratarse del Juzgado correspondiente al lugar en que se ha materializado el perjuicio, coincidente con el lugar en el que la actora tiene su domicilio social y donde ha adquirido los vehículos.

II.- Competencia objetiva.

Es también competente objetivamente el Juzgado al que me dirijo, con arreglo al artículo 86 ter 2,f) LOPJ, conforme al cual los juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (actuales arts. 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y su Derecho derivado.

III.- Legitimación activa y pasiva.- Mi mandante tiene legitimación activa en el presente procedimiento como adquirente (directo o indirecto) del vehículo relacionado en los Hechos, y que ha sufrido los daños expuestos en ellos. Por su parte, la demandada tiene la legitimación pasiva como sujeto infractor del artículo 101 TFUE, cuya conducta ha causado aquellos daños a la parte actora.

IV.- Procedimiento. El presente procedimiento deberá sustanciarse por los trámites establecidos para el juicio ordinario en los artículos 399 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y ello de acuerdo con el artículo 249 del mismo cuerpo legal, en cuyo número 1, ordinal 4, se establece que se seguirá este procedimiento con las demandas en materia de defensa de la competencia, en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea (actuales arts. 101 y 102 TFUE), siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame. En el presente caso, atendiendo a la cuantía reclamada, han de seguirse los trámites previstos para el juicio ordinario, al ejercerse una acción de reclamación de indemnización de daños de cuantía superior a 6.000 euros.

IV.- Cuantía. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 de la L.E.C., el actor expresará justificadamente la cuantía de la demanda.

La cuantía del presente procedimiento se fija en ___ euros, considerándose el interés económico de la demanda al ser la cantidad de dinero reclamada.

V.- Fondo del asunto.

  1. Sobre la legislación aplicable

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento (CE) n°  864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II):

  1. La ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de una restricción de la competencia será la ley del país en el que el mercado resulte o pueda resultar afectado.
  2. Cuando el mercado resulte o pueda resultar afectado en más de un país, la persona que reclama la indemnización por el daño y que presenta una demanda ante el tribunal del domicilio del demandado puede optar por basar su demanda en la legislación del foro, siempre que el mercado de dicho Estado miembro figure entre los que se ven afectados de manera directa y sustancial por la restricción de la competencia de la que se deriva la obligación extracontractual en que se basa la demanda; cuando el demandante, de acuerdo con las normas aplicables en materia de competencia judicial, presente una demanda contra más de un demandado ante ese tribunal, podrá optar por basar su demanda en la legislación del foro únicamente si la restricción de la competencia en que se basa la demanda presentada contra cada uno de los demandados afecta también de manera directa y esencial al mercado del Estado miembro de ese tribunal.

Dado que según lo expuesto, en el presente caso se opta por interponer la demanda ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se ha producido el hecho dañoso, coincidente con el domicilio de la actora y no de la demandada, no resultan de aplicación las previsiones contenidas en la letra b) sino las generales recogidas en la letra a), que en definitiva nos remiten igualmente en este caso a la ley del foro.

  1. Sobre la necesidad de interpretar el Derecho nacional a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea

Si bien el Tribunal de Justicia tiene declarado que una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y que una disposición de una directiva no puede, por consiguiente, ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha persona, también ha declarado que “corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales, en particular, asegurar la protección jurídica que se deriva para los justiciables de las disposiciones del Derecho comunitario y garantizar su pleno efecto”, “máxime cuando el órgano jurisdiccional nacional conoce de un litigio sobre la aplicación de normas internas que (…) se han establecido especialmente para adaptar el Derecho interno a una directiva que tiene por objeto conferir derechos a los particulares”, por lo que “el órgano jurisdiccional nacional está obligado a interpretar el Derecho nacional, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva de que se trate para alcanzar el resultado que ésta persigue” (Sentencia de 5 octubre 2004, Caso Pfeiffer contra Pfeiffer, apdos. 111 a 113; TJCE\2004\272). Esta obligación de interpretación del Derecho nacional conforme al Derecho de la Unión es inherente al régimen del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en la medida en que permite que los órganos jurisdiccionales nacionales garanticen, en el marco de sus competencias, la plena efectividad del Derecho de la Unión al resolver los litigios de que conozcan.

  1. Sobre el “efecto vinculante” de la Decisión de la Comisión para el órgano jurisdiccional nacional, en cuanto a la admisión de la existencia de una conducta prohibida

Hay que tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 16.1 delReglamento (CE) 1/2003:

“Cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos 81 u 82 del Tratado ya haya sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión”.

Esta previsión supone que la Decisión tiene un “efecto vinculante” sobre los órganos judiciales nacionales, según la expresión acuñada por la doctrina científica, respecto de las acciones de tipo consecutivo o follow-on como la presente. Así pues, declarada por la Comisión Europea la infracción de las normas de competencia, y ejercitándose una acción follow on, en la que la acción de responsabilidad civil se refiere a los mismos hechos ya examinados en el procedimiento administrativo previo y respecto de los mismos operadores, sólo es necesario que concurran otros dos requisitos que se exigen en todo supuesto de responsabilidad civil: (1) la acreditación del daño y (2) la existencia de nexo causal entre la infracción de las normas de competencia ya declarada y el daño ocasionado a la parte por dicha infracción. Todo ello teniendo presente la necesidad de respetar los principios de equivalencia y de efectividad.

  • Sobre el derecho al pleno resarcimiento

Toda la normativa y jurisprudencia comunitaria existente en esta materia, tiene como claro objetivo facilitar la efectividad del derecho al pleno resarcimiento de los daños producidos por los ilícitos antritrust, que podría verse dificultado si se aplicaran los esquemas comunes propios de la reclamación de daños. Ésa es la finalidad de la Directiva de Daños, y los principios jurisprudenciales acuñados previamente por el Tribunal de Justicia.

Acreditada la existencia de un cártel que tenía por objeto restringir la competencia respecto a los precios, es evidente que es muy probable que ello haya generado un sobrecoste o coste excesivo, lo que entraña la existencia de un daño. Por ello, no es de extrañar que la Directiva 2014/104/UE establezca que “Se presumirá que las infracciones de cárteles causan daños y perjuicios. Al infractor le asistirá el derecho a rebatir esa presunción” (art. 17.2), y que asimismo acoja expresamente el derecho al pleno resarcimiento (“Los Estados miembros velarán por que cualquier persona física o jurídica que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia pueda reclamar y obtener pleno resarcimiento de dicho perjuicio”; art. 3.1). Principio básico ya acogido previamente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según se expondrá seguidamente.

Viene a indicar la jurisprudencia comunitaria que el efecto útil de la prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 101 TFUE se vería en entredicho si no existiera la posibilidad de que cualquier persona solicitase la reparación del perjuicio que le haya irrogado un comportamiento que pueda restringir o falsear el juego de la competencia, añadiendo que un derecho de esta índole refuerza la operatividad de las normas de competencia de la Unión y puede disuadir los acuerdos o prácticas, a menudo encubiertos, que puedan restringir o falsear el juego de la competencia. Desde este punto de vista, las acciones que reclaman indemnizaciones por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales nacionales pueden contribuir sustancialmente al mantenimiento de una competencia efectiva en la Unión.

El sobrecoste o coste excesivo generado por el cártel puede haber sido trasladado bien a los compradores directos del producto, o bien a los compradores indirectos, o incluso en distintos porcentajes a lo largo del discurrir del producto. De ahí que el artículo 12 de la Directiva 2014/104/UE(“Repercusión de sobrecostes y derecho al pleno resarcimiento”), establezca que “Para garantizar la plena efectividad del derecho al resarcimiento pleno establecido en el artículo 3, los Estados miembros velarán por que (…) el resarcimiento de daños y perjuicios pueda reclamarlo del infractor cualquiera que los haya sufrido, con independencia de que se trate de un comprador directo o indirecto”.

Igualmente para garantizar la plena efectividad del derecho al resarcimiento pleno, ese artículo 12 de la Directiva 2014/104/UE añade que “Los Estados miembros velarán por que el órgano jurisdiccional nacional esté facultado para calcular, con arreglo a los procedimientos nacionales, qué cuota del sobrecoste se repercutió”. Ese precepto ha sido incorporado por el legislador estatal en el artículo 78.5 Ley Defensa de la Competencia (“Los tribunales estarán facultados para calcular con arreglo a derecho la parte del sobrecoste repercutido”), que bien puede considerarse tiene un carácter procesal, aunque no haya sido incorporado a la LEC. Precisamente ése es el sentido de la Guía práctica: “El objetivo de la presente Guía práctica será más bien poner a disposición de órganos jurisdiccionales y partes en las demandas por daños y perjuicios indicaciones económicas y prácticas que puedan ser de utilidad al aplicar las normas y prácticas nacionales” (parágrafo 6).

  • Sobre los distintos tipos de daños que pueden generar las conductas antitrust objeto de la demanda. Los intereses legales

Una conducta colusoria que tenga por objeto la fijación de precios, como es el caso, puede dar lugar a diferentes tipos de daños. La Guía práctica explica que “se pueden distinguir dos tipos principales de daño causado por la misma:

(a) el perjuicio resultante del hecho de que los clientes directos e indirectos de las empresas infractoras tienen que pagar más por cada producto que compran que si no existiera la infracción (el «coste excesivo»); (…); y

(b) el perjuicio resultante del denominado «efecto volumen», causado por el hecho de que, debido al aumento de los precios, se compra menor cantidad de esos productos. (…)”.

Ambos tipos de daños (daño emergente y lucro cesante) aparecen mencionados en la Directiva de Daños, en cuyo artículo 3.2 se indica que “El pleno resarcimiento deberá devolver a una persona que haya sufrido un perjuicio a la situación en la que habría estado de no haberse cometido la infracción del Derecho de la competencia. Por tanto, dicho resarcimiento abarcará el derecho a indemnización por el daño emergente y el lucro cesante, más el pago de los intereses”. En caso de que el comprador haya repercutido total o parcialmente los sobrecostes o costes excesivos derivados de un cártel, probablemente lo habrá hecho a costa de una menor venta de sus productos o servicios, razón por la cual la propia Directiva, al regular la “Repercusión de sobrecostes y derecho al pleno resarcimiento”,recuerda que “Lo dispuesto en el presente capítulo se entenderá sin perjuicio del derecho de una parte perjudicada a reclamar y obtener una indemnización por lucro cesante debido a una repercusión total o parcial de los sobrecostes”.

Sobre los intereses, la Guía práctica destaca que el Tribunal de Justicia ha resaltado que la reparación íntegra del perjuicio sufrido debe incluir la reparación de los efectos adversos ocasionados por el lapso de tiempo transcurrido desde que se produjo el perjuicio causado por la infracción, con cita al Asunto C-271/91, Marshall, Rec. 1993, p. I-4367, apartado 31, y a los asuntos acumulados C-295/04 a C- 298/04, Manfredi, Rec. 2006, p. I-6619, apartado 97. Estos efectos son la depreciación monetaria y la oportunidad perdida para la parte perjudicada de tener el capital a su disposición (pág. 14 de la Guía).

  1. Sobre la cuantificación de los daños

La citada Guía práctica afirma que “La cuestión clave en la cuantificación de daños y perjuicios por infracciones contrarias a la competencia es, por tanto, determinar qué habría ocurrido probablemente sin la infracción” (parágrafo 12). No obstante, seguidamente reconoce que “Es imposible saber con certeza cómo habría evolucionado exactamente un mercado si no se hubieran infringido los artículos 101 o 102 TFUE” (parágrafo 16).

Por ello, es preciso evitar que esas dificultades probatorias lleguen a impedir que quede garantizada la plena efectividad del derecho al resarcimiento pleno de los compradores directos o indirectos. De ahí que el artículo 17 de la Directiva 2014/104/UE, titulado “Cuantificación del perjuicio”, disponga:

1. Los Estados miembros velarán por que ni la carga de la prueba ni los estándares de prueba necesarios para la cuantificación del perjuicio hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho al resarcimiento de daños y perjuicios. Los Estados miembros velarán por que los órganos jurisdiccionales nacionales estén facultados, con arreglo a los procedimientos nacionales, para estimar el importe de los daños y perjuicios si se acreditara que el demandante sufrió daños y perjuicios pero resultara prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificar con precisión los daños y perjuicios sufridos sobre la base de las pruebas disponibles.

Para cuantificar el daño, resulta de especial interés la Guía práctica, aunque tenga un carácter puramente informativo y no vinculante para los tribunales nacionales, según ella misma aclara (parágrafo 7). En ella se vienen a exponer diversos métodos para elaborar un escenario sin infracción a efectos de cuantificar el daño en acciones de daños y perjuicios en asuntos de competencia.

Conforme a lo expuesto en relación a las medidas destinadas a garantizar la plena efectividad del derecho al resarcimiento pleno, en los casos en los que se consideran insuficientes los Informes periciales aportados, es habitual que los juzgados vengan haciendo uso de la facultad para estimar o calcular los daños. Si bien en nuestro caso entendemos que el Informe pericial aportado se ajusta a lo señalado en la Guía práctica y que por tanto no debería proceder esa estimación por el Juzgador.

  1. Sobre la relación de causalidad entre la conducta ilícita de la/s demandada/s y los daños sufridos por el actor

El Tribunal de Justicia tiene declarado que puesto que no existen normas a nivel de la UE sobre esta relación de causalidad, corresponde al Derecho nacional regular las modalidades de aplicación del concepto de «relación de causalidad», siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad (Asuntos acumulados C-295/04 a C-298/04, Manfredi, Rec. 2006, p. I-6619, apartados 61 y 64; asunto C-453/99, Courage, Rec. 2001, p. I- 6297, apartado 29).

Por ello, debemos acudir a los criterios recogidos en nuestra jurisprudencia, teniendo presente el obligado respeto al principio de efectividad. Como advierte la Directiva 2014/104/UE en su considerando 11º, el concepto nacional de nexo causal no se puede “formular o aplicar de manera que” violente estos principios.

  1. Sobre la responsabilidad solidaria de los causantes del daño

Según ha quedado acreditado en la Decisión, la participación de la demandada en el cártel ha sido conjunta, sin que sea posible la individualización o determinación de la proporción o el grado en que cada uno de las sociedades infractoras ha participado en la causación del daño. Por ello, todas las sociedades infractoras han de responder «in solidum», solidariamente frente a los perjudicados por las conductas colusorias. Estaríamos ante un supuesto de lo que nuestra jurisprudencia denomina solidaridad impropia, que, a diferencia de la propia no tiene su origen en la Ley o en el pacto expreso o implícito.

Si bien conforme al ius electionis previsto el artículo 1144 C.c., el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente, se opta por demandar a las sociedades vinculadas a las marcas de los vehículos adquiridos por el actor.

  1. Sobre el plazo de prescripción

Sin perjuicio de que en este caso se interrumpió la prescripción y que por tanto la acción no habría prescrito aun en el caso de que se entendiera que rige el régimen de prescripción anterior a la transposición de la Directiva, esto es, por el plazo de un año previsto en el art. 1968 C.c., queremos destacar que existen resoluciones que mantienen la aplicación del plazo quinquenal resultante de la transposición.

El  TJUE en sentencia de 28 de marzo de 2019 (asunto C‑637/17), ha señalado:

46. En segundo lugar, deben tenerse en cuenta las circunstancias particulares de los asuntos comprendidos en el ámbito del Derecho de la competencia y, más en concreto, que el ejercicio de las acciones por daños por infracción del Derecho de la competencia de la Unión exigen, en principio, que se realice un análisis fáctico y económico complejo.

47 En estas circunstancias, debe señalarse que una norma nacional que fija la fecha a partir de la cual se inicia el plazo de prescripción, la duración y las modalidades de la suspensión o de la interrupción de este debe adaptarse a las particularidades del Derecho de la competencia y a los objetivos de la aplicación de las normas de este Derecho por las personas afectadas, a fin de no socavar la plena efectividad del artículo 102 TFUE.

48 Por tanto, la duración del plazo de prescripción no puede ser tan corta que, junto con las demás reglas de prescripción, haga prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho a reclamar el resarcimiento.

Respecto al cómputo de los plazos de prescripción, el TJUE en la citada sentencia de 28 de marzo de 2019, resuelve que en atención al principio de efectividad, la normativa comunitaria se opone a una norma nacional que establece que el plazo de prescripción de las acciones por daños empieza a correr a partir de la fecha en la que la persona perjudicada tuvo conocimiento de su derecho a indemnización, aun cuando no se conociese el responsable de la infracción.

VI.- Costas. De acuerdo con los artículos 394 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede imponer las costas a la demandada.

En virtud de todo lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO:

Que habiendo por presentado este escrito, con los documentos que se acompañan y copia de todo ello, se sirva admitirlo, acordando tenerme por parte en nombre de _______,entendiéndose conmigo las sucesivas diligencias, y teniendo por interpuesta Demanda de Juicio Ordinario contra _____, dando traslado de la misma a la demandada, y tras los trámites legales oportunos, se dicte Sentencia en la que, estimando íntegramente la demanda interpuesta por esta parte:

  1. Se declare que la sociedad demandada es responsable de los daños y perjuicios sufridos por mi mandante como consecuencia de la infracción del artículo 101 TFUE, sancionada por la Comisión Europea en Decisión de 19 de julio de 2016; y en su consecuencia.
  • Se condene a _____ a indemnizar a mi mandante con la suma de ____ euros  (____€ correspondientes al coste excesivo y ____ € correspondientes a los intereses devengados a fecha __/__/___); o subsidiariamente, con la cantidad que Su Señoría estime en función de las pruebas que se practiquen.
  • Se condene asimismo a la sociedad demandada al pago de los intereses legales de la cantidad fijada como indemnización desde la fecha __/__/___ hasta que se produzca el pago efectivo.
  • Se condene igualmente a la sociedad demandada al pago de las costas procesales que se deriven del presente procedimiento.

Por ser de Justicia que respetuosamente pido y confiadamente espero.



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