Derecho Administrativo

25/03/2020

Suspensión de plazos administrativos durante el estado de alarma. Reanudación de los mismos


Autor: María Dolores Fernández Uceda


El pasado 14 de marzo de 2020 el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto 463/2020, por el que se decretaba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria originada por el CODVID-19, que entró en vigor en el momento de su publicación. Tres días después fue publicado el Real Decreto 465/2020, que vino a modificarlo parcialmente.

La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020 decretó la interrupción de términos y suspensión de plazos de los procedimientos administrativos, aplicándose esta medida  todas las entidades del sector público e iniciándose el cómputo de los plazos una vez que pierda vigencia el estado de alarma o sus posibles prórrogas.

A pesar de ello, se permite que, mediante resolución motivada, se acuerden las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento, siempre que éste manifieste su conformidad, o bien manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

El apartado 4 de la referida Disposición Adicional exceptuaba de esta suspensión de plazos administrativos a los procedimientos y resoluciones referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, expresión tan amplia como imprecisa, necesitada de ciertas dosis de seguridad jurídica.

El Real Decreto 465/2020 ha modificado este apartado 4 estableciendo que, desde el comienzo de vigencia del estado de alarma, “las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios”, lo que exige un análisis e interpretación caso por caso.

Así mismo, el Real Decreto 465/2020 introduce un apartado 5 para excluir de la suspensión los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social, y un apartado 6, que excluye de la suspensión los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, y en particular la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Suspendidos los plazos administrativos, excepto en materia de afiliación, liquidación y cotización de la Seguridad Social y los procedimientos tributarios, en particular, la presentación de declaraciones y autoliquidaciones.

¿Cómo debe procederse una vez pierda vigencia la suspensión de plazos?

Esta cuestión ha sido resuelta en un informe de la Abogacía del Estado de 20 de marzo de 2020, que parte de la distinción entre “término”, referido al señalamiento de un determinado día, y “plazo”, relativo al periodo existente entre un día inicial y un día final, pudiéndose realizar la actividad de que se trate en cualquiera de los días que conforman el referido plazo.

El informe distingue también entre “suspensión” e “interrupción”. La suspensión es entendida en el sentido de existencia de obstáculo o causa legal que congela en el tiempo un determinado plazo, que vuelve a reanudar cuando éstos desaparecen, en el mismo estado en que quedó cuando se produjo la suspensión. Así, si un plazo de 15 días se suspende el día 8, en el momento de la reanudación quedarán 7 días para que el plazo expire. Sin embargo, en el caso de la interrupción el plazo vuelve a contar desde cero desde que se produce el acto interruptivo.

En virtud de esta diferenciación conceptual, la Abogacía del Estado encuentra contradicción en la redacción de la Disposición Adicional  Tercera del Real Decreto 463/2020, que salva siguiendo una interpretación finalista de la norma y dando prioridad a la rúbrica del precepto, pues se está ante un supuesto de suspensión y no de interrupción y el plazo vuelve a contar desde que desaparece la vigencia del estado de alarma – o sus prórrogas – que la motiva. Ello también es acorde con una interpretación finalista del precepto, pues los plazos han de ser entendidos como cargas para los interesados, de cumplimiento voluntario pero cuya omisión acarrea el perjuicio de perder el derecho al trámite de que se trate.

Inicio del plazo de suspensión: declaración del estado de alarma.

Fin del plazo de suspensión: fin de vigencia del estado de alarma o sus prórrogas.

Consecuencia de la finalización de la suspensión de plazos administrativos: los plazos se reanudan por el periodo que reste tras el fin de la suspensión. No vuelven a empezar desde cero.

Excepciones a la suspensión de plazos administrativos

Resulta de interés, por cuanto puede que constituya el criterio a seguir por otras entidades del sector público, la Instrucción 2/2020, de 23 de marzo, de la Subsecretaría de Estado de Justicia, que contempla la continuación de los procedimientos en los términos que se expondrán a continuación, si bien sólo será de aplicación supletoria respecto de la Instrucción específica que se dicte para la fijación de criterios para la aplicación de las normas aprobadas como consecuencia del estado de alarma en la tramitación de convenios, encargos a medios propios y procedimientos de contratación:

  1. Cuando la reanudación del procedimiento resulte indispensable por razones de interés general, o para el funcionamiento básico de los servicios del Ministerio o por tratarse de actuaciones estrechamente vinculadas con el coronavirus, deberá dictarse un acuerdo expreso y motivado por el que se acuerde la reanudación del procedimiento de la siguiente manera:
  • Procedimientos en los que no hay interesado: además, la resolución por la que se acuerde la reanudación podrá hacerse de forma genérica para abarcar a todos los procedimientos de un mismo tipo o naturaleza – ej.: tramitación del expediente de contratación previa a la publicación del anuncio de licitación -. En este caso, dictada la resolución que declare la reanudación del procedimiento, se podrá continuar el procedimiento inmediatamente sin más requisitos.
  • Procedimientos en los que hay un solo interesado, varios determinados o bien una pluralidad indeterminada de ellos. La reanudación del procedimiento deberá, respectivamente, notificarse o publicarse dicha de acuerdo con las reglas generales establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,sin que frente a la misma quepa recurso alguno. Una vez practicada la notificación, podrá continuarse el procedimiento.

2. Cuando la reanudación del procedimiento se acuerde para evitar perjuicios graves en los derechos del interesado en el procedimiento y no concurran las circunstancias expresadas en el apartado anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar dichos perjuicios graves, siempre que el interesado manifieste su conformidad. El órgano competente no podrá resolver el procedimiento sino limitarse a dichas actuaciones de ordenación e instrucción. Si el interesado manifiesta su conformidad, podrá acordarse la reanudación del procedimiento hasta su misma resolución.

La reanudación de la tramitación del procedimiento acordada afectará también al régimen de recursos que pueda interponerse frente a la resolución o actos de trámite cualificados que se dicen en su seno.

Suspensión de plazos administrativos y licitaciones públicas

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en reciente nota informativa, ha interpretado la suspensión de plazos administrativos decretada por la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020 en relación a las licitaciones públicas. Según su criterio, debe entenderse que la suspensión alcanza a todas las licitaciones en curso que estén desarrollando las entidades del sector público, con las siguientes excepciones:

  1. Si los derechos e intereses de los licitadores se pudieran afectar de algún modo grave, el órgano de contratación debería pedirles su conformidad y, una vez obtenida, continuar la tramitación ordinaria del procedimiento.
  • Aunque no se afecten de modo grave los derechos e intereses de los licitadores, el órgano de contratación puede dirigirse a ellos para obtener su consentimiento para continuar el procedimiento, y podrá hacerlo si lo prestan.
  • El órgano de contratación podrá acordar motivadamente la continuación de los procedimientos referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, esto es, de todas las licitaciones que se refieran a prestaciones dirigidas a la lucha contra el COVID-19. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, a todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia.
  • Para asegurar el funcionamiento básico de los servicios que los ciudadanos necesitan. La satisfacción de las necesidades de interés público más esenciales, puede acordarse por el órgano de contratación, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y siempre de forma motivada, la continuación de los procedimientos.

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